Asociación Andaluza de Profesionales de Salud Mental (AAPSM)
El tratamiento que algunos dirigentes politicos y medios de comunicación han dado a la noticia de la carta recibida por la ministra Reyes Maroto requiere una respuesta que adjuntamos a continuación
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El convenio de Estambul está considerado como el marco jurídico más completo para combatir la violencia contra las mujeres, incluida la violencia doméstica, asegurando la protección de las víctimas y el castigo de los agresores.
En España cada 8 horas se denuncia una violación, con las consecuencias físicas y psíquicas de sobra conocidas, tristeza prolongada, anorexia, pérdida de interés, trastornos del sueño, intensos sentimientos de ira, culpa, y todos aquellos síntomas que acompañan a una situación de muy alto estrés por maltrato. Prácticamente la totalidad de las personas violadas en nuestro país son mujeres, constituyendo la violación un problema de salud pública de primer orden, contextualizada en una sociedad patriarcal, en la que todavía se sigue considerando por grandes capas de la población masculina a la mujer como objeto de uso en lugar de como sujeto con sentimientos y capacidad de goce y de decisión.
Pero si además se cuestiona su palabra y su conducta, o se rebaja la tipificación jurídica de los comportamientos de los agresores como ha ocurrido en el caso de La Manada, se revictimiza a la víctima, sometiéndola de nuevo a otra agresión con consecuencias psíquicas tan devastadoras como la propia violación. El sistema judicial que representa el instrumento del que nos hemos dotado la sociedad para defendernos le da la espalda, agrediéndola de nuevo y colocando en una situación de indefensión, inseguridad y miedo a todas las mujeres, al valorar el acto reprobable de un modo que pareciera más comprensivo con los agresores que con la víctima.
La Asociación Andaluza de Profesionales de Salud Mental -AEN- nos posicionamos en contra de esta sentencia y apoyamos rotundamente a las mujeres víctimas de delitos sexuales, condenando a quienes ejercen la violencia sexual en cualquiera de sus formas.
Consideramos que es preciso formación en relación con el género a todos los operadores judiciales, así como prevenir la violencia sexual educando desde la infancia en sexualidad, violencia y formas de agresión, creando a niños y niñas libres e iguales.
Mercedes Castro García
Psiquiatra. Presidenta de la AAPSM
(imagen tomada de Navarra.com El Español)