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A/A Producción ejecutiva Orbita Laika TVE

La Asociación andaluza de profesionales de Salud Mental está incluida dentro de la Asociación Española de Neuropsiquiatría – Profesionales de la Salud Mental, la sociedad científica multiprofesional más antigua y numerosa del país. Este escrito obedece a la lectura de la disculpa emitida por el programa de TVE Órbita Laika tras unos comentarios divulgativos acerca de salud mental de la psicóloga Laura Morán en un programa emitido recientemente.  Tras esta rectificación, según elperiodico.com, el programa se ha comprometido a «ser más preciso, más riguroso» y «contará con una asesoría especializada en el campo psiquiátrico» porque, al parecer, así se reclamaba desde la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental (SEPSM). Existe, posteriormente, un artículo de opinión de su actual presidenta en el periódico digital El Confidencial en el que se expresan diversas opiniones que abundan en esta cuestión.

No es nuestro objetivo responder a tal artículo, pero sí creemos, como sociedad científica compuesta por profesionales que ejercen la salud mental pública, que es nuestra responsabilidad hacer partícipes a la televisión igualmente pública de nuestro país, y a la sociedad en general, del contexto que nos ocupa y de las posibles razones que pueden haber llevado a semejante enfrentamiento de opiniones.

Este comunicado se firma, como hemos explicado, por la agrupación más numerosa de profesionales de la salud mental de nuestro país, que cuenta por supuesto con cientos de médicos especialistas en Psiquiatría y asimismo con psicólogos clínicos, enfermeros especialistas en salud mental, trabajadores sociales, agentes de apoyo mutuo y otros tantos profesionales, dando cuenta de forma fehaciente de que las competencias en la asistencia en salud mental no es una tarea exclusiva de los psiquiatras. De hecho, nuestra asociación está fundada y compuesta por la parte de la psiquiatría que trabajó por cerrar los hospitales psiquiátricos e instalar los servicios de salud mental territoriales tal y como ahora los conocemos. Lucha que tuvo distintos frentes, entre ellos las corrientes psiquiátricas tradicionales que seguían ancladas en las técnicas cerebrales y la idea del manicomio como lugar de «tratamiento» de las personas con sufrimiento psíquico. Son, precisamente, esas corrientes las que empezaron a utilizar erróneamente el término antipsiquiatría de forma despectiva para calificar a las líneas de trabajo que se basaban en la desinstitucionalización y los derechos de las personas. Y son esos mismos profesionales los que, ahora, recuperan de forma tergiversada este concepto.

Si somos rigurosos desde el punto de vista histórico, estas dos corrientes -la hospitalaria centrada en el cerebro y la comunitaria preocupada por las condiciones de vida y los factores psicológicos- conviven desde los comienzos de la Psiquiatría. La Sociedad Española de Psiquiatría Biológica -renombrada como Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental (SEPSM)- sigue defendiendo, como los alienistas franceses del siglo XVIII, que la salud mental es una competencia médica por ocuparse de fallos orgánicos, pero la historia, la bibliografía y -ahora sí- la evidencia nos demuestran que es algo mucho más complejo que eso. De hecho, la reciente adopción del modelo biopsicosocial por parte de esa sociedad obedece precisamente a la impotencia para localizar biológicamente el supuesto origen de las enfermedades mentales.

La llamada enfermedad mental no deriva ni se apoya en ningún descubrimiento científico ¹. Y su origen cerebral no es más que una hipótesis que, definitivamente y por mucho que se repita, no está comprobada. En otras palabras, el cuestionamiento del modelo de la enfermedad mental es tan antiguo como el propio concepto de enfermedad mental. En cada momento de la historia de la psiquiatría ha predominado una corriente ideológica. Los años 60 y 70 llevaron al cierre de los manicomios y al desarrollo de la Reforma Psiquiátrica, coincidiendo con un predominio de las corrientes más sociales y psicológicas, mientras que hoy en día asistimos a un dominio de las corrientes biológicas que defiende la SEPSM. Esto obedece, según opinamos y así se recoge en la evidencia científica, al progresivo auge de la industria farmacéutica que, si bien permitió en un inicio mejorar el tratamiento de la angustia de algunos pacientes, su presencia ha degenerado en un absoluto control de la disciplina.

En nuestros días, la industria farmacéutica no solo elabora los propios manuales diagnósticos de las enfermedades mentales (DSM), sino que impacta directamente en el devenir de la salud mental pública, controlando desde la formación de los profesionales a la publicación interesada de artículos científicos, pasando por financiar directamente a muchos psiquiatras y sus Sociedades ² profesionales. Así las cosas, la sociedad no puede esperar una información objetiva, rigurosa ni ajustada al conocimiento científico de personas o agrupaciones de profesionales con conflictos de interés.

Afortunadamente, en los últimos años estamos asistiendo a una franca crisis de este modelo basado en la enfermedad. Tan es así, que hasta la Asociación Americana de Psiquiatría (APA), de rotundo corte biologicista, afirma que «debe hablarse de trastornos y no de enfermedades, pues desconocemos su causa» y el Consejo Superior de Salud Belga se posiciona, en 2019, contra el uso del DSM apostando por «un cambio de paradigma en la salud mental ya que no existe evidencia científica acerca del origen neurobiológico de ningún trastorno mental y las explicaciones biomédicas de los problemas de salud mental aumentan la estigmatización de los pacientes, tanto por parte del público en general, como de los propios profesionales sanitarios».³

Es posible que este quiebre en las creencias del origen biológico del sufrimiento psíquico esté detrás de la ola reaccionaria que vemos por parte de la SEPSM en las últimas semanas. Desde que el día 10 de octubre se celebrara el Día de la Salud Mental en el Ministerio de Sanidad, y el Comisionado de Salud Mental contara con un abanico más amplio de opiniones y profesionales -no solo la presidenta de la SEPSM, Marina Díaz, sino también miembros de nuestra asociación-, esta Sociedad ha protagonizado un aluvión de críticas, insultos y descalificaciones a muchos profesionales y líneas de trabajo que, si bien se subrayan como rotundas verdades, carecen de argumentos y en ningún momento se avalan con datos. El último movimiento es este que nos ocupa, y ha obedecido a las declaraciones de Laura Morán en el programa Orbita Laika, pero la queja y el contenido de esta viene a ser similar en todas las ocasiones, tanto en comunicados a prensa, como en su propio Congreso Nacional y en redes sociales.

Repetir que «hacen bien su trabajo y que ayudan a los pacientes» no convierte la frase en verdad. Prueba de ello es la especial inquina que observamos ante una compañera Agente de Apoyo Mutuo que se define como «superviviente de la Psiquiatría». No existe ninguna especialidad médica que cuente con miles de personas en todo el mundo que se agrupen bajo esa denominación. Tampoco ninguna que deba ser vigilada sistemáticamente por la Justicia. Pero sí la Psiquiatría. Y esto sucede por varias razones.

En primer lugar, no olvidemos que participamos de una disciplina cuyos dos únicos premios Nobel se han concedido a profesionales que desarrollaron técnicas de tratamiento que hoy nos horrorizan⁴ y que aún se siguen defendiendo métodos supuestamente terapéuticos como el electrochoque. Tratamiento que no solo no es beneficioso para los pacientes, sino que produce graves efectos secundarios y aumenta la mortalidad de las personas. De hecho, ha sido calificado de tortura por la OMS y, como puede comprobarse, no se trata, por tanto, de un tratamiento ni eficaz ni seguro⁵. Asimismo, existe bastante controversia sobre el uso de los psicofármacos. Si bien podemos apoyarlos como instrumento para calmar determinados estados de angustia, la ausencia de evidencia sobre que haya desequilibrios bioquímicos detrás de los síntomas contraviene las desfasadas afirmaciones de que «curan». Por ofrecer algún dato, la hipótesis del déficit de serotonina como causante de la depresión que justificaba el uso de antidepresivos está rechazada desde 2023⁶ y el uso de neurolépticos para el tratamiento de los síntomas psicóticos solo está avalado por la evidencia a bajas dosis y por cortos periodos de tiempo⁷, pues se sabe que no solo no mejoran, sino que terminan empeorando la clínica⁸. Todas estas afirmaciones, por si hace falta recordarlo, remiten a estudios realizados por investigadores libres de conflicto de interés e independientes de la industria farmacéutica.

En segundo lugar, los psiquiatras somos los únicos profesionales, junto con la
policía, que podemos limitar la libertad de las personas. Por ello, afortunadamente, la Ley de Enjuiciamiento Civil, en su artículo 763 obliga a que un juez revise y, en su caso, autorice, cualquier internamiento en contra de la voluntad de un paciente. Si bien este artículo está llamado a ser revisado en virtud de la Ley 8/2021, de apoyo a las personas con discapacidad, este hecho da cuenta de la potencial peligrosidad de nuestra profesión. Del mismo modo, se siguen llevando a cabo sistemáticamente medidas coercitivas en salud mental, como contenciones mecánicas, medicación con fines exclusivamente sedativos o ausencia de consentimiento informado. De hecho, el Fiscal General del Estado, en su Instrucción 1/22 no solo condenaba frontalmente estas prácticas, sino que llamaba a los fiscales a revisar sistemáticamente las unidades de agudos de psiquiatría con intención de abolirlas por vulnerar los derechos de las personas⁹. Este tipo de vigilancia no es necesaria en ninguna otra especialidad médica.

En este orden de cosas, podemos hacernos una idea de que todo lo que rodea a la salud mental es mucho más controvertido de lo que parece. Ni existe un único discurso ni, por tanto, una única verdad. No dudamos de que la intención de todos los profesionales de la salud mental es ser de utilidad a personas con sufrimiento psíquico, pero bien es cierto que para ejercer nuestra profesión se hace necesario un cuestionamiento continuo de nuestros modelos y nuestras prácticas. Como trabajadores de la salud mental pública, estamos obligados a ofrecer el mayor rigor profesional, con independencia y transparencia, y las máximas garantías de derechos y respeto a las personas que atendemos. La garantía de que esto ocurre así no puede ser otra que el ajuste a la Ley, a la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad¹⁰ y la estrecha vigilancia por parte de los usuarios de nuestros servicios.

Que el posicionamiento de algunos profesionales no se ajuste a las opiniones de algunos psiquiatras no quiere decir que aquellos sean antipsiquiatras. Ese calificativo intenta generar la idea de que hay unos, «los psiquiatras», que dicen la verdad, y otros «los antipsiquiatras», que vienen a mentir, conspirar y destruir. Incluso se ha lanzado la vaga idea de que «los antipsiquiatras hacen una utilización política de la salud mental». Puede que aprovechando la tendencia social para dicotomizar las realidades, intenten hacer calar la peligrosa idea de que ellos tienen el monopolio de una disciplina que sin embargo se compone de muchas profesiones, opiniones y prácticas clínicas. Además, simplifican los conceptos en un intento de anularlos, sin diferenciar que existe «la política», entendida como participación en acciones gubernativas a través de partidos, y «lo político», que es algo que compete a toda la sociedad. Los profesionales de la salud mental, en tanto ciudadanos y representantes de la institución psiquiátrica, estamos comprometidos con lo político. No ser conscientes de ello puede ser uno de los motivos por los que a veces algunos no se paran a reflexionar antes de emitir tales juicios de valor.

Con todo, y lamentando la longitud de estas líneas que no obedece más que a la necesidad de que la televisión pública pueda seguir haciendo una divulgación rigurosa del conocimiento y no se deje arrastrar por los motivos políticos -esta vez sí- y económicos de determinados profesionales, agradecemos su tiempo y lamentamos, profundamente, la rectificación de contenidos que han realizado.

En Andalucía, a 12 de enero de 2025.

Junta Directiva Asociación Andaluza Profesionales de
Salud Mental – Asociación Española de Neuropsiquiatría.

Bibliografía:

1 Foucault, M. Historia de la locura en la época clásica, Fondo de Cultura Económica, México DF, 2006, pp. 80 y sigs.

2 Todos estos datos pueden comprobarse, pues por Ley deben ser públicos, consultándose las denominadas “transferencias de valor” de cada laboratorio farmacéutico, a profesionales concretos y a organismos y asociaciones.

3 https://www.infocop.es/pdf/Belgica-dsm.pdf

4 J. Wagner-Jauregg, en 1927, por la inoculación de paludismo en el tratamiento de la demencia paralitica, y E. Moniz, en 1949, por la lobotomía.

5 Queremos apoyar con datos estas afirmaciones. Gøtzsche, P. Psicofármacos que matan y denegación organizada, Los libros del lince, Barcelona, 2021, pp. 239-44. Peter Gøtzsche es especialista en medicina interna y, desde 2010, catedrático de Diseño y Análisis de Investigaciones Clínicas de la Universidad de Copenhague. Read, J. Modelos de locura, Herder, Barcelona, 2006, pp. 105-121. John Read es profesor de Psicología Clínica en la Universidad de East London e investigador que ha publicado numerosos estudios sobre el uso y efectos de la denominada «terapia» electro-convulsiva.

https://primeravocal.org/sobre-el-electrochoque-tiene-lugar-su-practica-en-la-medicina-basada-en-la- evidencia-de-john-read/

6 Moncrieff, J., Cooper, R.E., Stockmann, T. et al. The serotonin theory of depression: a systematic umbrella review of the evidence. Mol Psychiatry 28, 3243–3256, 2023.
https://www.nature.com/articles/s41380-022-01661-0#citeas

7 Aderhold, V., Stastny, P. A Guide to Minimal Use of Neuroleptics: Why and How, June 2015. Volkmar Aderhold trabaja en el Instituto de Psiquiatría Social de la Universidad de Greifswald, Alemania, y el psiquiatra estadounidense Peter Stastny, en el Departamento de Epidemiología de la Universidad de Columbia, Estados Unidos. https://madinspain.org/wp-content/uploads/2016/09/Guía-para-utilizar-los-neurolepticos-a-dosis- minimas-Aderhold-y-Statsny-2015.pdf

8 Gøtzsche, P. Psicofármacos que matan y denegación organizada, Los libros del lince, Barcelona, 2021, pp. 181-208.

9 Pueden añadirse, además, los contenidos del Convenio de Oviedo (2000), el informe del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (2004), la Recomendación 10, de 19 de febrero, del Comité de Ministros del Consejo de Europa (2004), la Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad (2006), el Manual de buenas prácticas de los servicios especializados del Ministerio Fiscal (2010) y la Resolución 2291 Ending coerción in mental health: the need for human rights based approach de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (2019). Textos que animan a suprimir las distintas formas de coerción que efectivamente se producen en las unidades de hospitalización psiquiátrica.

10 Convención firmada por 191 países a la que España se adhiere en 2007. https://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf

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Carta AAPSM-AEN a ORBITALAIKA 12Enero25

En relación con las últimas informaciones que han circulado cuestionando las competencias de los Facultativos Especialistas en Psicología Clínica relativas a la atención, evaluación y toma de decisiones terapéuticas de estos profesionales y, específicamente, sobre sus facultades para llevar a cabo ingresos y altas en los dispositivos de hospitalización de tercer nivel, la Asociación Andaluza de Profesionales de la Salud Mental (AAPSM), perteneciente a la Asociación Española de Neuropsiquiatría (AEN), en su condición de asociación multiprofesional formada por diferentes categorías de profesionales, que incluye facultativos tanto especialistas en psiquiatría como en psicología clínica, MANIFIESTA:

Con la entrada en vigor del Real Decreto 2490/1998, de 20 de noviembre, por el que se crea y regula el título oficial de Psicólogo Especialista en Psicología Clínica, se estableció, en virtud de su Disposición Adicional Tercera, “la creación del título oficial de Psicólogo Especialista en Psicología Clínica y la realización por estos titulados de diagnósticos, evaluaciones y tratamientos de carácter psicológico, se entenderá, sin perjuicio de las competencias que corresponden al médico o al especialista en psiquiatría, cuando la patología mental atendida exija la prescripción de fármacos o cuando de dicha patología se deriven procesos biológicos que requieran la intervención de los citados profesionales”.

Consecuentemente, los profesionales especializados en psicología clínica han venido desarrollando actividades de diagnóstico, evaluación y tratamiento psicológico a personas con trastornos mentales, dada su consideración de facultativos tanto en el Servicio Andaluz de Salud como en el resto de Comunidades Autónomas, tal y como dispone el citado Real Decreto 2490/1998.

La atención a la salud mental comunitaria se caracteriza por responsabilidades compartidas entre el paciente y los diferentes profesionales de Salud Mental, por lo que el Real Decreto supuso un mayor enriquecimiento en la cartera de servicios en la red de Salud Mental. Lamentablemente, y pese a las evidentes mejoras introducidas por este Real Decreto, no fue recibido de igual forma por todos los integrantes del sector, de modo que el Colegio Oficial de Médicos se opuso mediante la interposición de un recurso contencioso-administrativo, el cual fue desestimado por la Sala Tercera del Tribunal Supremo, de lo Contencioso Administrativo, mediante Sentencia de fecha 10 de octubre de 2002.

Asimismo, existen otros documentos oficiales que avalan las competencias de los Especialistas en Psicología Clínica, como el programa formativo para los Psicólogos Internos Residentes (Boletín Oficial del Estado de 17 de junio de 2009; Orden SAS/1620/2009, de 2 de junio, por la que se aprueba y publica el programa formativo de la especialidad de Psicología Clínica), o los criterios para la acreditación de las competencias profesionales del Psicólogo/a Clínico/a por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA), perteneciente a la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía. Y por supuesto, la Ley de Enjuiciamiento Civil, cuyo artículo 763, sobre los ingresos involuntarios urgentes por cuestiones de trastorno psíquico, delega dicha responsabilidad en los facultativos que atiendan a la persona, es decir, los facultativos de Salud Mental, incluyendo por tanto a los/las psicólogos/as clínicos/as y a los/las psiquiatras.

Por todo lo anteriormente expuesto, nos causa estupor que, tras más de 20 años de la mencionada Sentencia del Tribunal Supremo, lo establecido en la legislación citada, los documentos oficiales que avalan lo establecido en el Real Decreto 2490/1998 y, como no, el bagaje de trabajo compartido entre las distintas categorías responsables de la atención a la Salud Mental, se plantee en Andalucía esta cuestión completamente anacrónica.

En definitiva, la AAPSM recuerda que la toma de decisiones en Salud Mental es una responsabilidad compartida entre las personas atendidas y los profesionales, en todos los dispositivos de la red de Salud Mental, incluyendo dentro de estos profesionales la categoría de facultativos/as psicólogos/as clínicos/as y psiquiatras, sin menoscabo de la potestad de prescripción o abordaje de procesos biológicos para estos últimos, tal como el Real Decreto establece.

Andalucía, 6 de julio de 2024

Junta Directiva

Asociación Andaluza de Profesionales de Salud Mental (AAPSM-AEN)

Desde la Asociación Andaluza de Profesionales de la Salud Mental, perteneciente a la Asociación Española de Neuropsiquiatría, queremos mostrar nuestra profunda preocupación por la información difundida en varios medios de comunicación en los que se relata la situación de una persona usuaria de los servicios de salud mental de Córdoba que termina en un fatal desenlace. 

Tales informaciones, relativas a unos hechos aún bajo investigación judicial, señalan que la Fiscalía considera como única responsable a la Jefa de Servicio de una Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental del Servicio Andaluz de Salud, llevando a cabo una acusación por la vía penal.

Como sociedad científica multiprofesional, nos vemos en la obligación de informar a los medios y la opinión pública sobre los puntos básicos de la realidad asistencial de la salud mental, con el fin de facilitar una perspectiva rigurosa y apelar a la responsabilidad profesional sobre la difusión y consideración de estos contenidos.

En primer lugar, los problemas de salud mental no pueden reducirse a diagnósticos psiquiátricos. El reduccionismo que implica la consideración del malestar psíquico como un diagnóstico según las clasificaciones DSM-5 y CIE-11 implica una individualización de los problemas –obviando todos los condicionantes sociales– y los imbrica directamente en una supuesta causalidad neurobiológica –muchas veces crónica– que, como bien sabemos, no está en absoluto demostrada. 

En segundo lugar, en las informaciones vertidas, se da a entender que la persona no fue suficientemente atendida, entre otras razones, por no cursarse un ingreso en contra de su voluntad. La legislación vigente en Salud Mental en España tiene como base la atención comunitaria y multidisciplinar, respetando el principio de autonomía de las personas y su consentimiento informado, reduciendo la involuntariedad a un uso excepcional y proporcionado. La Ley de Enjuiciamiento Civil, en su artículo 763, coloca al juez como garante de derechos de la persona ante la posibilidad de que un médico psiquiatra le prive de libertad. En otras palabras, el juez autoriza el ingreso si el médico considera que debe realizarse y la persona no está en condiciones de decidirlo, en ningún caso el juez indica un ingreso hospitalario. Además, la reciente Ley conocida como de Apoyo a Personas con Discapacidad (Ley 8/2021), sitúa a la persona como garante de derechos y no como objeto de cuidados, llamando a la sociedad a respetar su «voluntad, deseos y preferencias» aun cuando existan riesgos.

En salud mental no existen factores predictivos fiables. Sin poder entrar en los detalles de los hechos que tratamos pero sí en la realidad asistencial que se vive cada día en los servicios de urgencias, podemos decir que los profesionales de la salud mental trabajamos con un alto nivel de incertidumbre en el que tenemos que aunar nuestra pericia clínica, la atención de la alarma social y el principio de no maleficencia del paciente que, salvo excepciones, debe guiarse por el respeto de sus derechos. 

Las unidades de agudos de salud mental son espacios de hospitalización breve con especial énfasis en el tratamiento farmacológico. En cada decisión clínica urgente, y más aún en un ingreso involuntario, deben sopesarse los riesgos de errores por omisión frente a los errores por comisión. Es imperativo que valoremos el riesgo de yatrogenia de una privación de libertad, antes de ingresar a personas en un hospital a pesar de sus objeciones, en comparación con el riesgo de no ingresar a personas que podrían dañarse a sí mismas o a otros. Las personas que viven y sufren los problemas de salud mental son los indicados y los verdaderos expertos en su recuperación o, dicho de otro modo, no puede haber recuperación sin el compromiso por parte de la persona y su comunidad. 

En tercer lugar, se hace especial énfasis en el papel del tratamiento farmacológico como garantía de la estabilidad clínica de la persona. La evidencia demuestra que los tratamientos psicofarmacológicos a largo plazo no resuelven los problemas de salud mental, sino que pueden llegar a cronificarlos. El alto poder económico y mediático de la industria farmacéutica, ha generalizado la idea de que para «curar» los problemas psíquicos «debe tomarse el tratamiento», creencia que no se sostiene empíricamente. Los fármacos psiquiátricos pueden ayudar en el control de los síntomas, pero ni curan ni aseguran la desaparición de los síntomas. Si eso fuera así, todas las personas que consumen fármacos serían dadas de alta de nuestro servicios y, sin embargo, esto rara vez ocurre.  

En último lugar, llama poderosamente la atención que se señala a una única persona como responsable del fatal desenlace del caso. El sistema de salud mental público es una red que se organiza para apoyar a las personas con problemas de salud mental. Personas que, a su vez, tienen su propia biografía, una familia, unos amigos, una situación laboral y económica, un grado de salud física, ciertos hábitos de vida, una situación afectiva y un determinado código postal. ¿De verdad es una única persona, con sus decisiones, por el hecho de ser psiquiatra, responsable del bienestar o malestar de otra? 

Por otro lado, los servicios de salud mental implican a la atención primaria, los servicios de urgencias, las Unidades de Salud Mental Comunitaria, Unidades de Agudos, dispositivos de Rehabilitación, ETICs y otros equipos, sin contar con la posibilidad de que las personas además consulten con la medicina privada, paralela, pero, igualmente implicada en la salud. Podría pensarse, con razón, que en el caso que nos ocupa los recursos no hayan sido los adecuados o que no haya habido los suficientes apoyos. Es de conocimiento público la notoria escasez de recursos para una correcta atención a los problemas de salud mental de nuestra comunidad y la privatización progresiva de los servicios que se está realizando pero, ¿somos los profesionales públicos los responsables de estas carencias? 

Desde nuestra asociación lamentamos profundamente cada caso de suicidio que vivimos cada día, pero no podemos hacer que esos tristes hechos nos devuelvan a una suerte de sociedad en la que la Psiquiatría persigue a cualquier persona que no quiera medicarse o no acepte el diagnóstico que le han puesto y los hechos de los que hoy tratamos nos preocupan gravemente pues nos recuerdan a los terribles tiempos en que los manicomios aseguraban la tranquilidad de una parte de la ciudadanía. 

El papel de los profesionales de la salud mental no es hacer agentes de control social sino favorecer un cambio en nuestras comunidades en el que el malestar pueda aliviarse desde la proximidad, el compromiso y el respeto por la diversidad y los derechos de las personas. Este cambio solo puede realizarse desde la responsabilidad de todas las figuras implicadas, desde sanitarios a usuarios, pasando por fiscales, servicios sociales, comunicadores, familias y jueces. La responsabilidad es de todos, nunca de una única persona.

Andalucía, 17 de noviembre de 2023

Junta Directiva

Asociación Andaluza de Profesionales de Salud Mental (AAPSM-AEN)