Comunicado a la ciudadanía sobre las prácticas en salud mental
Junta Directiva de la Asociación Andaluza de Profesionales de la Salud Mental
10 de octubre de 2024, Día Mundial de la Salud Mental
Con motivo del día mundial de la Salud Mental, fecha en la que la reivindicación profesional suele limitarse a visibilizar los problemas asistenciales y solicitar el aumento de recursos para la institución psiquiátrica, la Junta Directiva de la Asociación Andaluza de Profesionales de la Salud Mental de Andalucía (1) (AAN) quiere trasladar a la opinión pública el siguiente comunicado.
Consideramos que a los profesionales nos corresponde revisar nuestras prácticas e informar a la población sobre qué derivas están tomando las administraciones y lo frustrados que en ocasiones nos sentimos cuando queremos dirigir nuestro trabajo a atender las necesidades de la gente y defender sus derechos. Asumiendo esta responsabilidad, preocupadas por las líneas que están siguiendo las políticas públicas andaluzas como respuesta al aumento de malestar psíquico en la población, proponemos las siguientes reflexiones:
¿Por qué hay opiniones tan distintas entre los profesionales de la salud mental?
Porque no existe una única perspectiva para valorar, acompañar y dar respuesta al malestar psicosocial de las personas. Históricamente, y desde el comienzo de las disciplinas psiquiátricas, existen dos líneas bien diferenciadas en su ideología, procedimientos y fines.
El modelo predominante se basa en que las personas padecen «enfermedades mentales», cuyo origen radica en un fallo orgánico –aún por descubrir–, se diagnostican según los manuales diagnósticos –DSM, CIE– y se rectifican mediante distintas técnicas psiquiátricas (psicofármacos, neuromodulación) y psicológicas (terapias, psicoeducación). Este punto de vista, que podemos llamar biologicista, modelo médico o «modelo basado en la enfermedad», tiene muchas líneas de fuga, siendo muy destacable el hecho de que está retroalimentado por la industria farmacéutica. Es sabido que esta corporación tiene influencia directa en la elaboración del DSM (2), diseña y financia los ensayos clínicos que aprueban los nuevos fármacos que salen al mercado, orquesta millonarias campañas de marketing a través de «profesionales expertos» en los medios de comunicación y controla la formación del grueso de los clínicos. Cualquier ciudadano puede comprobarlo, pues los «conflictos de interés» y las «transferencias de valor» (3) de cada profesional son datos de obligada publicación.
Del otro lado, existe una línea de pensamiento que rechaza la idea de que el malestar es orgánico y lo define como psicosocial y subjetivo. Se entiende que las personas desarrollamos síntomas psíquicos diversos respondiendo a conflictos que repercuten en nuestro cuerpo, pero que tienen su origen en nuestra biografía y nuestro contexto social. Se denuncia el perjuicio de emitir un diagnóstico, por su escasa validez científica, por su influencia sobre el estigma y la reducción de la persona sufriente a un objeto alterado que hay que reparar e, inevitablemente, controlar (4). Dicho de otra manera, desde este modelo, se buscan respuestas a la pregunta «¿qué te pasa?» en lugar de «¿qué tienes?». Se entiende la utilidad de los psicofármacos pero, como marcan cientos de estudios científicos independientes (5), deben tomarse la menor cantidad necesaria, a la menor dosis posible y durante periodos breves de tiempo, sopesando los riesgos de dependencia, efectos adversos, neurotoxicidad y rebote. Se considera que el centro del apoyo que debe recibir una persona es un acompañamiento psicosocial, a través de intervenciones comunitarias, que incluyan a su entorno y que tengan perspectivas de emancipación de la red de salud mental. Estos principios son los que estructuran las ideas que defiende nuestra asociación y, como tales, intentamos llevarlas a cabo desde nuestros puestos en la sanidad pública andaluza.
¿Qué propuestas se están dando desde las instituciones sanitarias?
Las políticas de la sanidad pública de nuestro país, y en concreto de nuestra Comunidad, se guían principalmente por el modelo médico, «basado en la enfermedad». Bajo ese ideario, el papel institucional propone la asistencia sanitaria propia de las enfermedades físicas crónicas, es decir, diagnosticar a la persona cuanto antes, poner los fármacos indicados, hospitalizar cuando es necesario y mitigar los efectos de la enfermedad a través de recursos sociosanitarios que no van a favor de la integración social. Estas acciones, que se indican como «el tratamiento adecuado», individualizan el problema y repercuten en políticas asistenciales que comprometen la vida de las personas con problemas de salud mental. A veces prometen una suerte de extirpación quirúrgica del problema, como cuando se lanzan nuevos psicofármacos milagrosos (6) o se buscan soluciones en métodos de modulación neurológica reduciendo lo que le pasa a una persona a su cerebro (7). Soluciones que, bien lo saben las personas psiquiatrizadas y sus familias, no resuelven los problemas, sino que a lo sumo los controlan durante un tiempo y los terminan cronificando.
Bajo estas políticas de salud mental, basadas en enfermedades sin causa conocida y que limita sus acciones a intervenciones médicas, vivimos una suerte de nueva institucionalización que acaba con los proyectos de vida de la gente, deteriora su salud, recorta sus derechos y deja desamparadas a las familias. Un nuevo auge del hospitalocentrismo que comprobamos cada día cuando se priorizan recursos hospitalarios en lugar de comunitarios –el SAS acaba de anunciar que dentro de dos años tendremos 109.500 estancias para adultos y adolescentes en nuestra comunidad (8)–.
Nuestro sistema público de salud mental es insuficiente. Requiere de un aumento exponencial de recursos, pero estos no deben hacerse favoreciendo que una persona con sufrimiento psicosocial se convierta en un enfermo crónico y pase a disposición de las instituciones. Las personas con problemas de salud mental son sujetos de derechos y, desde estas políticas, los convertimos en objetos de cuidados. En excluidos de la sociedad.
Se hace necesario replantearnos nuestras prácticas y que el SAS se pare a pensar dónde y cómo está invirtiendo el dinero público. Urge modificar la dirección hacia la que se dirigen los tratamientos en salud mental y la perspectiva política y social desde la que se consideran. Y debe hacerse sin eximir de intervención y responsabilidad a otros agentes intervinientes en las políticas asistenciales:
- Los medios de comunicación, pues suelen confundir lo inexplicable o la simple maldad con los problemas de salud mental, además de dar cabida a publirreportajes de la industria farmacéutica sin revelar sus fuentes de financiación. (9)
- Las instituciones educativas y familiares, con su demanda de diagnóstico sobre la población infantil para la atención a la diversidad, pues evita el debate y la reflexión sobre las condiciones de nuestros menores (exceso de ratio en las aulas, uso de pantallas en la infancia, crisis del modelo de familia, dificultades para la conciliación, crianzas fuera de lo comunitario, faltas en la imposición de límites en la pedagogía…).
- Las instituciones de vivienda y empleo, que estigmatizan a la población con problemas de salud mental dificultando su acceso a una vida digna e independiente.
Por último, este escrito también debe llamar la atención sobre el papel de la institución encargada de gestionar los servicios sociosanitarios de salud mental, FAISEM. Andalucía es la única comunidad de España que aún conserva esta tarea dentro del sistema público (10). Deberíamos sentirnos orgullosos. Sin embargo, desde hace algunos años, FAISEM está sufriendo un progresivo recorte de sus presupuestos, lo que le impide cada vez más sostenerse, ofrecer respuestas adecuadas a las necesidades actuales, así como realizar la necesaria renovación que debe dar en el tipo de recursos que está ofreciendo. Si nos fijamos en lo que ha ocurrido en otras comunidades, no hay que pensar mucho para sospechar que esto forma parte de un plan de progresiva privatización de los servicios, política muy popular en estos momentos en nuestra comunidad que no solo no mejora la vida de la gente, sino que ahonda más en su transformación en objetos de consumo.
¿Qué proponemos?
Desde la AAN, y dado que trabajamos en el sistema público de salud mental, sufrimos cada día los recortes en recursos comunitarios, la priorización económica e ideológica al modelo médico, la inestabilidad de las plantillas y la privación de derechos de las personas con problemas de salud mental, proponemos:
1.- Empezar a hablar de «salud mental».
Se ha conseguido que hablar de salud mental equivalga a pensar en enfermedades mentales. Debemos apostar por la promoción y prevención de los problemas psicosociales desde la comunidad. Esto implica dos acciones fundamentales. En primer lugar, una adecuada alfabetización emocional y un respeto a la diversidad en la institución educativa y familiar, reflexionando sobre qué tipo de sociedad somos, qué tipo de vínculos establecemos en las familias y qué instrumentos pedagógicos y afectivos estamos usando, en lugar de resolver los síntomas de la infancia y la adolescencia como si fueran enfermedades. Y, en segundo lugar, favorecer políticas sociales que eviten la exclusión social, la pobreza y la situación de vulnerabilidad de las personas. La vivienda, el empleo, y la libertad son derechos fundamentales que deben estar asegurados antes de plantearse cualquier terapia o pastilla.
2.- Garantizar un ejercicio de responsabilidad por parte de los medios de comunicación en su papel en el fomento de la exclusión y psiquiatrización de los problemas psicosociales. Debe exigirse a la prensa una comunicación responsable, veraz e independiente de la industria farmacéutica que respete los derechos de las personas con discapacidad.
3.- Asegurar una buena atención primaria. Los profesionales deben contar con tiempo y apoyo para favorecer la escucha y el acompañamiento. Además, deben aumentarse los recursos al Programa de Psicología Clínica en atención primaria, un proyecto implantado en nuestra Comunidad pero de dotación personal ridícula en la actualidad.
4.- Reformar el sistema de salud mental público.
Debe priorizarse la atención comunitaria en detrimento de la hospitalaria. Las unidades de Salud Comunitarias (USMC) deben contar con activos suficientes para realizar seguimientos adecuados a su clínica –citar a las personas cada tres o seis meses no sirve más que para prescribirles psicofármacos– y poder realizar visitas domiciliarias que faciliten la integración del entorno en el proceso de recuperación. Deben, asimismo, implementarse para los problemas más graves, los programas de tratamiento intensivo y en crisis en la comunidad (ETIC), un programa de implantación desigual en nuestras provincias, implantado sin recursos suficientes y con recambio continuo de profesionales. Del mismo modo, corresponde repensar los dispositivos destinados a la hospitalización. Las unidades de agudos son espacios desfasados donde las medidas coercitivas y de privación de derechos siguen muy presentes. Apostar, en cambio, por casas de crisis y unidades abiertas, ha demostrado ser más útil para la mejoría clínica además de más eficiente desde el punto de vista de la gestión económica. Por último, deben imbricarse y trabajar de forma conjunta las redes de drogodependencias, salud mental y servicios sociales. Su separación escinde las necesidades de la gente, alarga los tiempos y facilita el desamparo institucional.
5.- Incorporar Agentes de Apoyo Mutuo –Peer to peer– como trabajadores de pleno derecho dentro de todos los servicios de salud mental pública. Esta medida, implantada en la mayor parte de Europa, ha demostrado el inmenso valor que la experiencia en primera persona tiene en los acompañamientos clínicos y en el funcionamiento de la red.
6.- Vigilar rigurosamente la práctica del cohecho con la industria farmacéutica en todos los niveles de la institución. Se presencia en la formación de los profesionales, los ensayos clínicos, la investigación e incluso en los propios dispositivos sanitarios tergiversa las prácticas asistenciales y las priva de transparencia y rigurosidad.
Reflexión final
La longitud de este texto obedece a la gravedad de la situación que estamos viviendo. Estamos retrocediendo peligrosamente a una nueva época manicomial, aunque de una forma mucho más maquillada y sibilina. Ahora el Psiquiátrico está en la calle, se construye con la imposición del diagnóstico y se asegura con la prescripción de fármacos.
Las personas sufren, pero no porque están «mal hechas». Sufren porque tienen problemas. Dificultades muy variadas y únicas que tienen que ver con su infancia, sus traumas, su precariedad, su soledad, su falta de perspectiva de futuro. Si desde ahí surge un problema clínico, es responsabilidad de los sistemas públicos de salud mental estar a la altura de sus necesidades. Callándoles con pastillas, anulándoles con un diagnóstico, encerrándoles en dispositivos y privándoles de derechos (11) solo perpetuamos las políticas de exclusión manicomiales que confunden cuidar con controlar, que se olvidan de la gente y solo tratan cuerpos. Nos dedicamos a la salud mental porque nos gusta tratar con la gente, no porque queramos someterlas a tratamientos. Solo pedimos que las políticas de nuestra Comunidad nos permitan y nos ayuden a acompañar a las personas como se merecen.
Andalucía, 10 de octubre de 2024
Junta Directiva
Asociación Andaluza de Profesionales de Salud Mental (AAPSM-AEN)
1 La AAN es la organización autonómica andaluza de la asociación estatal AEN-Profesionales de la Salud Mental, que aglutina el colectivo multiprofesional más numeroso del país y está libre de conflictos de interés. La Junta Directiva de la AAN está compuesta íntegramente por profesionales de la salud mental de distintas categorías que trabajan en dispositivos públicos de Andalucía.
2 Davis LC, Diianni AT, Drumheller SR, Elansary NN, D’Ambrozio GN, Herrawi F, Piper BJ, Cosgrove Undisclosed financial conflicts of interest in DSM-5-TR: cross sectional analysis. BMJ. 2024 Jan 10;384:e076902. doi: 10.1136/bmj-2023-076902. PMID: 38199616; PMCID: PMC10777894. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38199616/
3 Puede comprobarse por nombre y apellido de cada profesional sanitario en las páginas web de los distintos laboratorios farmacéuticos (Janssen, Lundbeck, Rovi, Lilly, etc.).
4 El Comité Superior de Salud Belga recomienda, por estas y otras razones, dejar de usar los manuales DSM en salud mental. https://www.infocop.es/pdf/Belgica-dsm.pdf
5 Gøtzsche, P., Psicofármacos que matan y denegación organizada, Barcelona, Los libros del lince, 2020. Moncrieff, J., Hablando claro. Una introducción a los fármacos psiquiátricos, Barcelona, Herder, 2013. Aderhold, V. Y Statsny, P., Guía para utilizar los neurolépticos a dosis mínimas. Por qué y Cómo. https://amsmblog.files.wordpress.com/2017/02/guc3ada-para-utilizar-los-neurolepticos-a-dosis-minimas- aderhold-y-statsny-2015
6 Por poner un ejemplo, la esketamina (Spravato, como nombre comercial) promete acabar con la «depresión resistente» pero carece de evidencia científica demostrada o estudios de largo recorrido, entraña un alto riesgo de dependencia y cuesta al SAS por paciente lo equivalente a varios profesionales sanitarios al año. https://aen.es/webinar-escuchando-a-la-esketamina-evaluacion-y-analisis-critico/
7 El programa de salud mental de Andalucía defiende la instauración de electrochoques en todas las provincias de la comunidad.
8 https://www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/todas-noticia/la-junta-contratara-109500- estancias-para-salud-mental-de-adultos-y-adolescentes-en-dos-anos
9 Uno de muchos de los publirreportajes de El País https://elpais.com/elpais/2019/03/28/buenavida/1553792305_444337.html
10 En otras comunidades, los servicios sociosanitarios han sido colonizados por distintas empresas privadas, algunas financiadas a través de fondos buitre, pues suponen un gran beneficio económico a través de la Ley de dependencia.
11 No está de más añadir que la reciente Ley 8/2021, de apoyo a las personas con discapacidad, no solo apoya un modelo basado en las necesidades única de cada persona, sino que llama a cambiar radicalmente, adaptándose la Convención Internacional de Personas de Discapacidad del 2006, toda la mirada clínica, legislativa y social para adaptarse a los «deseos, gustos y preferencias» de cada uno.
Documento en PDF:
Posicionamiento de la Junta Directiva AAN Día de la Salud Mental 10 Oct 2024