Autor: Asociación Andaluza de Profesionales de Salud Mental AEN

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Carta dirigida al programa Orbita Laika de TVE

A/A Producción ejecutiva Orbita Laika TVE

La Asociación andaluza de profesionales de Salud Mental está incluida dentro de la Asociación Española de Neuropsiquiatría – Profesionales de la Salud Mental, la sociedad científica multiprofesional más antigua y numerosa del país. Este escrito obedece a la lectura de la disculpa emitida por el programa de TVE Órbita Laika tras unos comentarios divulgativos acerca de salud mental de la psicóloga Laura Morán en un programa emitido recientemente.  Tras esta rectificación, según elperiodico.com, el programa se ha comprometido a «ser más preciso, más riguroso» y «contará con una asesoría especializada en el campo psiquiátrico» porque, al parecer, así se reclamaba desde la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental (SEPSM). Existe, posteriormente, un artículo de opinión de su actual presidenta en el periódico digital El Confidencial en el que se expresan diversas opiniones que abundan en esta cuestión.

No es nuestro objetivo responder a tal artículo, pero sí creemos, como sociedad científica compuesta por profesionales que ejercen la salud mental pública, que es nuestra responsabilidad hacer partícipes a la televisión igualmente pública de nuestro país, y a la sociedad en general, del contexto que nos ocupa y de las posibles razones que pueden haber llevado a semejante enfrentamiento de opiniones.

Este comunicado se firma, como hemos explicado, por la agrupación más numerosa de profesionales de la salud mental de nuestro país, que cuenta por supuesto con cientos de médicos especialistas en Psiquiatría y asimismo con psicólogos clínicos, enfermeros especialistas en salud mental, trabajadores sociales, agentes de apoyo mutuo y otros tantos profesionales, dando cuenta de forma fehaciente de que las competencias en la asistencia en salud mental no es una tarea exclusiva de los psiquiatras. De hecho, nuestra asociación está fundada y compuesta por la parte de la psiquiatría que trabajó por cerrar los hospitales psiquiátricos e instalar los servicios de salud mental territoriales tal y como ahora los conocemos. Lucha que tuvo distintos frentes, entre ellos las corrientes psiquiátricas tradicionales que seguían ancladas en las técnicas cerebrales y la idea del manicomio como lugar de «tratamiento» de las personas con sufrimiento psíquico. Son, precisamente, esas corrientes las que empezaron a utilizar erróneamente el término antipsiquiatría de forma despectiva para calificar a las líneas de trabajo que se basaban en la desinstitucionalización y los derechos de las personas. Y son esos mismos profesionales los que, ahora, recuperan de forma tergiversada este concepto.

Si somos rigurosos desde el punto de vista histórico, estas dos corrientes -la hospitalaria centrada en el cerebro y la comunitaria preocupada por las condiciones de vida y los factores psicológicos- conviven desde los comienzos de la Psiquiatría. La Sociedad Española de Psiquiatría Biológica -renombrada como Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental (SEPSM)- sigue defendiendo, como los alienistas franceses del siglo XVIII, que la salud mental es una competencia médica por ocuparse de fallos orgánicos, pero la historia, la bibliografía y -ahora sí- la evidencia nos demuestran que es algo mucho más complejo que eso. De hecho, la reciente adopción del modelo biopsicosocial por parte de esa sociedad obedece precisamente a la impotencia para localizar biológicamente el supuesto origen de las enfermedades mentales.

La llamada enfermedad mental no deriva ni se apoya en ningún descubrimiento científico ¹. Y su origen cerebral no es más que una hipótesis que, definitivamente y por mucho que se repita, no está comprobada. En otras palabras, el cuestionamiento del modelo de la enfermedad mental es tan antiguo como el propio concepto de enfermedad mental. En cada momento de la historia de la psiquiatría ha predominado una corriente ideológica. Los años 60 y 70 llevaron al cierre de los manicomios y al desarrollo de la Reforma Psiquiátrica, coincidiendo con un predominio de las corrientes más sociales y psicológicas, mientras que hoy en día asistimos a un dominio de las corrientes biológicas que defiende la SEPSM. Esto obedece, según opinamos y así se recoge en la evidencia científica, al progresivo auge de la industria farmacéutica que, si bien permitió en un inicio mejorar el tratamiento de la angustia de algunos pacientes, su presencia ha degenerado en un absoluto control de la disciplina.

En nuestros días, la industria farmacéutica no solo elabora los propios manuales diagnósticos de las enfermedades mentales (DSM), sino que impacta directamente en el devenir de la salud mental pública, controlando desde la formación de los profesionales a la publicación interesada de artículos científicos, pasando por financiar directamente a muchos psiquiatras y sus Sociedades ² profesionales. Así las cosas, la sociedad no puede esperar una información objetiva, rigurosa ni ajustada al conocimiento científico de personas o agrupaciones de profesionales con conflictos de interés.

Afortunadamente, en los últimos años estamos asistiendo a una franca crisis de este modelo basado en la enfermedad. Tan es así, que hasta la Asociación Americana de Psiquiatría (APA), de rotundo corte biologicista, afirma que «debe hablarse de trastornos y no de enfermedades, pues desconocemos su causa» y el Consejo Superior de Salud Belga se posiciona, en 2019, contra el uso del DSM apostando por «un cambio de paradigma en la salud mental ya que no existe evidencia científica acerca del origen neurobiológico de ningún trastorno mental y las explicaciones biomédicas de los problemas de salud mental aumentan la estigmatización de los pacientes, tanto por parte del público en general, como de los propios profesionales sanitarios».³

Es posible que este quiebre en las creencias del origen biológico del sufrimiento psíquico esté detrás de la ola reaccionaria que vemos por parte de la SEPSM en las últimas semanas. Desde que el día 10 de octubre se celebrara el Día de la Salud Mental en el Ministerio de Sanidad, y el Comisionado de Salud Mental contara con un abanico más amplio de opiniones y profesionales -no solo la presidenta de la SEPSM, Marina Díaz, sino también miembros de nuestra asociación-, esta Sociedad ha protagonizado un aluvión de críticas, insultos y descalificaciones a muchos profesionales y líneas de trabajo que, si bien se subrayan como rotundas verdades, carecen de argumentos y en ningún momento se avalan con datos. El último movimiento es este que nos ocupa, y ha obedecido a las declaraciones de Laura Morán en el programa Orbita Laika, pero la queja y el contenido de esta viene a ser similar en todas las ocasiones, tanto en comunicados a prensa, como en su propio Congreso Nacional y en redes sociales.

Repetir que «hacen bien su trabajo y que ayudan a los pacientes» no convierte la frase en verdad. Prueba de ello es la especial inquina que observamos ante una compañera Agente de Apoyo Mutuo que se define como «superviviente de la Psiquiatría». No existe ninguna especialidad médica que cuente con miles de personas en todo el mundo que se agrupen bajo esa denominación. Tampoco ninguna que deba ser vigilada sistemáticamente por la Justicia. Pero sí la Psiquiatría. Y esto sucede por varias razones.

En primer lugar, no olvidemos que participamos de una disciplina cuyos dos únicos premios Nobel se han concedido a profesionales que desarrollaron técnicas de tratamiento que hoy nos horrorizan⁴ y que aún se siguen defendiendo métodos supuestamente terapéuticos como el electrochoque. Tratamiento que no solo no es beneficioso para los pacientes, sino que produce graves efectos secundarios y aumenta la mortalidad de las personas. De hecho, ha sido calificado de tortura por la OMS y, como puede comprobarse, no se trata, por tanto, de un tratamiento ni eficaz ni seguro⁵. Asimismo, existe bastante controversia sobre el uso de los psicofármacos. Si bien podemos apoyarlos como instrumento para calmar determinados estados de angustia, la ausencia de evidencia sobre que haya desequilibrios bioquímicos detrás de los síntomas contraviene las desfasadas afirmaciones de que «curan». Por ofrecer algún dato, la hipótesis del déficit de serotonina como causante de la depresión que justificaba el uso de antidepresivos está rechazada desde 2023⁶ y el uso de neurolépticos para el tratamiento de los síntomas psicóticos solo está avalado por la evidencia a bajas dosis y por cortos periodos de tiempo⁷, pues se sabe que no solo no mejoran, sino que terminan empeorando la clínica⁸. Todas estas afirmaciones, por si hace falta recordarlo, remiten a estudios realizados por investigadores libres de conflicto de interés e independientes de la industria farmacéutica.

En segundo lugar, los psiquiatras somos los únicos profesionales, junto con la
policía, que podemos limitar la libertad de las personas. Por ello, afortunadamente, la Ley de Enjuiciamiento Civil, en su artículo 763 obliga a que un juez revise y, en su caso, autorice, cualquier internamiento en contra de la voluntad de un paciente. Si bien este artículo está llamado a ser revisado en virtud de la Ley 8/2021, de apoyo a las personas con discapacidad, este hecho da cuenta de la potencial peligrosidad de nuestra profesión. Del mismo modo, se siguen llevando a cabo sistemáticamente medidas coercitivas en salud mental, como contenciones mecánicas, medicación con fines exclusivamente sedativos o ausencia de consentimiento informado. De hecho, el Fiscal General del Estado, en su Instrucción 1/22 no solo condenaba frontalmente estas prácticas, sino que llamaba a los fiscales a revisar sistemáticamente las unidades de agudos de psiquiatría con intención de abolirlas por vulnerar los derechos de las personas⁹. Este tipo de vigilancia no es necesaria en ninguna otra especialidad médica.

En este orden de cosas, podemos hacernos una idea de que todo lo que rodea a la salud mental es mucho más controvertido de lo que parece. Ni existe un único discurso ni, por tanto, una única verdad. No dudamos de que la intención de todos los profesionales de la salud mental es ser de utilidad a personas con sufrimiento psíquico, pero bien es cierto que para ejercer nuestra profesión se hace necesario un cuestionamiento continuo de nuestros modelos y nuestras prácticas. Como trabajadores de la salud mental pública, estamos obligados a ofrecer el mayor rigor profesional, con independencia y transparencia, y las máximas garantías de derechos y respeto a las personas que atendemos. La garantía de que esto ocurre así no puede ser otra que el ajuste a la Ley, a la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad¹⁰ y la estrecha vigilancia por parte de los usuarios de nuestros servicios.

Que el posicionamiento de algunos profesionales no se ajuste a las opiniones de algunos psiquiatras no quiere decir que aquellos sean antipsiquiatras. Ese calificativo intenta generar la idea de que hay unos, «los psiquiatras», que dicen la verdad, y otros «los antipsiquiatras», que vienen a mentir, conspirar y destruir. Incluso se ha lanzado la vaga idea de que «los antipsiquiatras hacen una utilización política de la salud mental». Puede que aprovechando la tendencia social para dicotomizar las realidades, intenten hacer calar la peligrosa idea de que ellos tienen el monopolio de una disciplina que sin embargo se compone de muchas profesiones, opiniones y prácticas clínicas. Además, simplifican los conceptos en un intento de anularlos, sin diferenciar que existe «la política», entendida como participación en acciones gubernativas a través de partidos, y «lo político», que es algo que compete a toda la sociedad. Los profesionales de la salud mental, en tanto ciudadanos y representantes de la institución psiquiátrica, estamos comprometidos con lo político. No ser conscientes de ello puede ser uno de los motivos por los que a veces algunos no se paran a reflexionar antes de emitir tales juicios de valor.

Con todo, y lamentando la longitud de estas líneas que no obedece más que a la necesidad de que la televisión pública pueda seguir haciendo una divulgación rigurosa del conocimiento y no se deje arrastrar por los motivos políticos -esta vez sí- y económicos de determinados profesionales, agradecemos su tiempo y lamentamos, profundamente, la rectificación de contenidos que han realizado.

En Andalucía, a 12 de enero de 2025.

 

Junta Directiva Asociación Andaluza Profesionales de
Salud Mental – Asociación Española de Neuropsiquiatría.

 

Bibliografía:

1 Foucault, M. Historia de la locura en la época clásica, Fondo de Cultura Económica, México DF, 2006, pp. 80 y sigs.

2 Todos estos datos pueden comprobarse, pues por Ley deben ser públicos, consultándose las denominadas “transferencias de valor” de cada laboratorio farmacéutico, a profesionales concretos y a organismos y asociaciones.

3 https://www.infocop.es/pdf/Belgica-dsm.pdf

4 J. Wagner-Jauregg, en 1927, por la inoculación de paludismo en el tratamiento de la demencia paralitica, y E. Moniz, en 1949, por la lobotomía.

5 Queremos apoyar con datos estas afirmaciones. Gøtzsche, P. Psicofármacos que matan y denegación organizada, Los libros del lince, Barcelona, 2021, pp. 239-44. Peter Gøtzsche es especialista en medicina interna y, desde 2010, catedrático de Diseño y Análisis de Investigaciones Clínicas de la Universidad de Copenhague. Read, J. Modelos de locura, Herder, Barcelona, 2006, pp. 105-121. John Read es profesor de Psicología Clínica en la Universidad de East London e investigador que ha publicado numerosos estudios sobre el uso y efectos de la denominada «terapia» electro-convulsiva.

https://primeravocal.org/sobre-el-electrochoque-tiene-lugar-su-practica-en-la-medicina-basada-en-la- evidencia-de-john-read/

6 Moncrieff, J., Cooper, R.E., Stockmann, T. et al. The serotonin theory of depression: a systematic umbrella review of the evidence. Mol Psychiatry 28, 3243–3256, 2023.
https://www.nature.com/articles/s41380-022-01661-0#citeas

7 Aderhold, V., Stastny, P. A Guide to Minimal Use of Neuroleptics: Why and How, June 2015. Volkmar Aderhold trabaja en el Instituto de Psiquiatría Social de la Universidad de Greifswald, Alemania, y el psiquiatra estadounidense Peter Stastny, en el Departamento de Epidemiología de la Universidad de Columbia, Estados Unidos. https://madinspain.org/wp-content/uploads/2016/09/Guía-para-utilizar-los-neurolepticos-a-dosis- minimas-Aderhold-y-Statsny-2015.pdf

8 Gøtzsche, P. Psicofármacos que matan y denegación organizada, Los libros del lince, Barcelona, 2021, pp. 181-208.

9 Pueden añadirse, además, los contenidos del Convenio de Oviedo (2000), el informe del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (2004), la Recomendación 10, de 19 de febrero, del Comité de Ministros del Consejo de Europa (2004), la Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad (2006), el Manual de buenas prácticas de los servicios especializados del Ministerio Fiscal (2010) y la Resolución 2291 Ending coerción in mental health: the need for human rights based approach de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (2019). Textos que animan a suprimir las distintas formas de coerción que efectivamente se producen en las unidades de hospitalización psiquiátrica.

10 Convención firmada por 191 países a la que España se adhiere en 2007. https://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf

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Carta AAPSM-AEN a ORBITALAIKA 12Enero25

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Día de la Salud Mental 10 Octubre 24

Comunicado a la ciudadanía sobre las prácticas en salud mental

Junta Directiva de la Asociación Andaluza de Profesionales de la Salud Mental

10 de octubre de 2024, Día Mundial de la Salud Mental

Con motivo del día mundial de la Salud Mental, fecha en la que la reivindicación profesional suele limitarse a visibilizar los problemas asistenciales y solicitar el aumento de recursos para la institución psiquiátrica, la Junta Directiva de la Asociación Andaluza de Profesionales de la Salud Mental de Andalucía (1) (AAN) quiere trasladar a la opinión pública el siguiente comunicado.

Consideramos que a los profesionales nos corresponde revisar nuestras prácticas e informar a la población sobre qué derivas están tomando las administraciones y lo frustrados que en ocasiones nos sentimos cuando queremos dirigir nuestro trabajo a atender las necesidades de la gente y defender sus derechos. Asumiendo esta responsabilidad, preocupadas por las líneas que están siguiendo las políticas públicas andaluzas como respuesta al aumento de malestar psíquico en la población, proponemos las siguientes reflexiones:

¿Por qué hay opiniones tan distintas entre los profesionales de la salud mental?

Porque no existe una única perspectiva para valorar, acompañar y dar respuesta al malestar psicosocial de las personas. Históricamente, y desde el comienzo de las disciplinas psiquiátricas, existen dos líneas bien diferenciadas en su ideología, procedimientos y fines.

El modelo predominante se basa en que las personas padecen «enfermedades mentales», cuyo origen radica en un fallo orgánico –aún por descubrir–, se diagnostican según los manuales diagnósticos –DSM, CIE– y se rectifican mediante distintas técnicas psiquiátricas (psicofármacos, neuromodulación) y psicológicas (terapias, psicoeducación). Este punto de vista, que podemos llamar biologicista, modelo médico o «modelo basado en la enfermedad», tiene muchas líneas de fuga, siendo muy destacable el hecho de que está retroalimentado por la industria farmacéutica. Es sabido que esta corporación tiene influencia directa en la elaboración del DSM (2), diseña y financia los ensayos clínicos que aprueban los nuevos fármacos que salen al mercado, orquesta millonarias campañas de marketing a través de «profesionales expertos» en los medios de comunicación y controla la formación del grueso de los clínicos. Cualquier ciudadano puede comprobarlo, pues los «conflictos de interés» y las «transferencias de valor» (3) de cada profesional son datos de obligada publicación.

Del otro lado, existe una línea de pensamiento que rechaza la idea de que el malestar es orgánico y lo define como psicosocial y subjetivo. Se entiende que las personas desarrollamos síntomas psíquicos diversos respondiendo a conflictos que repercuten en nuestro cuerpo, pero que tienen su origen en nuestra biografía y nuestro contexto social. Se denuncia el perjuicio de emitir un diagnóstico, por su escasa validez científica, por su influencia sobre el estigma y la reducción de la persona sufriente a un objeto alterado que hay que reparar e, inevitablemente, controlar (4). Dicho de otra manera, desde este modelo, se buscan respuestas a la pregunta «¿qué te pasa?» en lugar de «¿qué tienes?». Se entiende la utilidad de los psicofármacos pero, como marcan cientos de estudios científicos independientes (5), deben tomarse la menor cantidad necesaria, a la menor dosis posible y durante periodos breves de tiempo, sopesando los riesgos de dependencia, efectos adversos, neurotoxicidad y rebote. Se considera que el centro del apoyo que debe recibir una persona es un acompañamiento psicosocial, a través de intervenciones comunitarias, que incluyan a su entorno y que tengan perspectivas de emancipación de la red de salud mental. Estos principios son los que estructuran las ideas que defiende nuestra asociación y, como tales, intentamos llevarlas a cabo desde nuestros puestos en la sanidad pública andaluza.

¿Qué propuestas se están dando desde las instituciones sanitarias?

Las políticas de la sanidad pública de nuestro país, y en concreto de nuestra Comunidad, se guían principalmente por el modelo médico, «basado en la enfermedad». Bajo ese ideario, el papel institucional propone la asistencia sanitaria propia de las enfermedades físicas crónicas, es decir, diagnosticar a la persona cuanto antes, poner los fármacos indicados, hospitalizar cuando es necesario y mitigar los efectos de la enfermedad a través de recursos sociosanitarios que no van a favor de la integración social. Estas acciones, que se indican como «el tratamiento adecuado», individualizan el problema y repercuten en políticas asistenciales que comprometen la vida de las personas con problemas de salud mental. A veces prometen una suerte de extirpación quirúrgica del problema, como cuando se lanzan nuevos psicofármacos milagrosos (6) o se buscan soluciones en métodos de modulación neurológica reduciendo lo que le pasa a una persona a su cerebro (7). Soluciones que, bien lo saben las personas psiquiatrizadas y sus familias, no resuelven los problemas, sino que a lo sumo los controlan durante un tiempo y los terminan cronificando.

Bajo estas políticas de salud mental, basadas en enfermedades sin causa conocida y que limita sus acciones a intervenciones médicas, vivimos una suerte de nueva institucionalización que acaba con los proyectos de vida de la gente, deteriora su salud, recorta sus derechos y deja desamparadas a las familias. Un nuevo auge del hospitalocentrismo que comprobamos cada día cuando se priorizan recursos hospitalarios en lugar de comunitarios –el SAS acaba de anunciar que dentro de dos años tendremos 109.500 estancias para adultos y adolescentes en nuestra comunidad (8)–.

Nuestro sistema público de salud mental es insuficiente. Requiere de un aumento exponencial de recursos, pero estos no deben hacerse favoreciendo que una persona con sufrimiento psicosocial se convierta en un enfermo crónico y pase a disposición de las instituciones. Las personas con problemas de salud mental son sujetos de derechos y, desde estas políticas, los convertimos en objetos de cuidados. En excluidos de la sociedad.

Se hace necesario replantearnos nuestras prácticas y que el SAS se pare a pensar dónde y cómo está invirtiendo el dinero público. Urge modificar la dirección hacia la que se dirigen los tratamientos en salud mental y la perspectiva política y social desde la que se consideran. Y debe hacerse sin eximir de intervención y responsabilidad a otros agentes intervinientes en las políticas asistenciales:

  • Los medios de comunicación, pues suelen confundir lo inexplicable o la simple maldad con los problemas de salud mental, además de dar cabida a publirreportajes de la industria farmacéutica sin revelar sus fuentes de financiación. (9)
  • Las instituciones educativas y familiares, con su demanda de diagnóstico sobre la población infantil para la atención a la diversidad, pues evita el debate y la reflexión sobre las condiciones de nuestros menores (exceso de ratio en las aulas, uso de pantallas en la infancia, crisis del modelo de familia, dificultades para la conciliación, crianzas fuera de lo comunitario, faltas en la imposición de límites en la pedagogía…).
  • Las instituciones de vivienda y empleo, que estigmatizan a la población con problemas de salud mental dificultando su acceso a una vida digna e independiente.

Por último, este escrito también debe llamar la atención sobre el papel de la institución encargada de gestionar los servicios sociosanitarios de salud mental, FAISEM. Andalucía es la única comunidad de España que aún conserva esta tarea dentro del sistema público (10). Deberíamos sentirnos orgullosos. Sin embargo, desde hace algunos años, FAISEM está sufriendo un progresivo recorte de sus presupuestos, lo que le impide  cada vez más sostenerse, ofrecer respuestas adecuadas a las necesidades actuales, así como realizar la necesaria renovación que debe dar en el tipo de recursos que está ofreciendo. Si nos fijamos en lo que ha ocurrido en otras comunidades, no hay que pensar mucho para sospechar que esto forma parte de un plan de progresiva privatización de los servicios, política muy popular en estos momentos en nuestra comunidad que no solo no mejora la vida de la gente, sino que ahonda más en su transformación en objetos de consumo.

¿Qué proponemos?

Desde la AAN, y dado que trabajamos en el sistema público de salud mental, sufrimos cada día los recortes en recursos comunitarios, la priorización económica e ideológica al modelo médico, la inestabilidad de las plantillas y la privación de derechos de las personas con problemas de salud mental, proponemos:

1.- Empezar a hablar de «salud mental».

Se ha conseguido que hablar de salud mental equivalga a pensar en enfermedades mentales. Debemos apostar por la promoción y prevención de los problemas psicosociales desde la comunidad. Esto implica dos acciones fundamentales. En primer lugar, una adecuada alfabetización emocional y un respeto a la diversidad en la institución educativa y familiar, reflexionando sobre qué tipo de sociedad somos, qué tipo de vínculos establecemos en las familias y qué instrumentos pedagógicos y afectivos estamos usando, en lugar de resolver los síntomas de la infancia y la adolescencia como si fueran enfermedades. Y, en segundo lugar, favorecer políticas sociales que eviten la exclusión social, la pobreza y la situación de vulnerabilidad de las personas. La vivienda, el empleo, y la libertad son derechos fundamentales que deben estar asegurados antes de plantearse cualquier terapia o pastilla.

2.- Garantizar un ejercicio de responsabilidad por parte de los medios de comunicación en su papel en el fomento de la exclusión y psiquiatrización de los problemas psicosociales. Debe exigirse a la prensa una comunicación responsable, veraz e independiente de la industria farmacéutica que respete los derechos de las personas con discapacidad.

3.- Asegurar una buena atención primaria. Los profesionales deben contar con tiempo y apoyo para favorecer la escucha y el acompañamiento. Además, deben aumentarse los recursos al Programa de Psicología Clínica en atención primaria, un proyecto implantado en nuestra Comunidad pero de dotación personal ridícula en la actualidad.

4.- Reformar el sistema de salud mental público.

Debe priorizarse la atención comunitaria en detrimento de la hospitalaria. Las unidades de Salud Comunitarias (USMC) deben contar con activos suficientes para realizar seguimientos adecuados a su clínica –citar a las personas cada tres o seis meses no sirve más que para prescribirles psicofármacos– y poder realizar visitas domiciliarias que faciliten la integración del entorno en el proceso de recuperación. Deben, asimismo, implementarse para los problemas más graves, los programas de tratamiento intensivo y en crisis en la comunidad (ETIC), un programa de implantación desigual en nuestras provincias, implantado sin recursos suficientes y con recambio continuo de profesionales. Del mismo modo, corresponde repensar los dispositivos destinados a la hospitalización. Las unidades de agudos son espacios desfasados donde las medidas coercitivas y de privación de derechos siguen muy presentes. Apostar, en cambio, por casas de crisis y unidades abiertas, ha demostrado ser más útil para la mejoría clínica además de más eficiente desde el punto de vista de la gestión económica. Por último, deben imbricarse y trabajar de forma conjunta las redes de drogodependencias, salud mental y servicios sociales. Su separación escinde las necesidades de la gente, alarga los tiempos y facilita el desamparo institucional.

5.- Incorporar Agentes de Apoyo Mutuo –Peer to peer– como trabajadores de pleno derecho dentro de todos los servicios de salud mental pública. Esta medida, implantada en la mayor parte de Europa, ha demostrado el inmenso valor que la experiencia en primera persona tiene en los acompañamientos clínicos y en el funcionamiento de la red.

6.- Vigilar rigurosamente la práctica del cohecho con la industria farmacéutica en todos los niveles de la institución. Se presencia en la formación de los profesionales, los ensayos clínicos, la investigación e incluso en los propios dispositivos sanitarios tergiversa las prácticas asistenciales y las priva de transparencia y rigurosidad.

Reflexión final

La longitud de este texto obedece a la gravedad de la situación que estamos viviendo. Estamos retrocediendo peligrosamente a una nueva época manicomial, aunque de una forma mucho más maquillada y sibilina. Ahora el Psiquiátrico está en la calle, se construye con la imposición del diagnóstico y se asegura con la prescripción de fármacos.

Las personas sufren, pero no porque están «mal hechas». Sufren porque tienen problemas. Dificultades muy variadas y únicas que tienen que ver con su infancia, sus traumas, su precariedad, su soledad, su falta de perspectiva de futuro. Si desde ahí surge un problema clínico, es responsabilidad de los sistemas públicos de salud mental estar a la altura de sus necesidades. Callándoles con pastillas, anulándoles con un diagnóstico, encerrándoles en dispositivos y privándoles de derechos (11) solo perpetuamos las políticas de exclusión manicomiales que confunden cuidar con controlar, que se olvidan de la gente y solo tratan cuerpos. Nos dedicamos a la salud mental porque nos gusta tratar con la gente, no porque queramos someterlas a tratamientos. Solo pedimos que las políticas de nuestra Comunidad nos permitan y nos ayuden a acompañar a las personas como se merecen.

Andalucía, 10 de octubre de 2024

Junta Directiva

Asociación Andaluza de Profesionales de Salud Mental (AAPSM-AEN)

 

1 La AAN es la organización autonómica andaluza de la asociación estatal AEN-Profesionales de la Salud Mental, que aglutina el colectivo multiprofesional más numeroso del país y está libre de conflictos de interés. La Junta Directiva de la AAN está compuesta íntegramente por profesionales de la salud mental de distintas categorías que trabajan en dispositivos públicos de Andalucía.

2 Davis LC, Diianni AT, Drumheller SR, Elansary NN, D’Ambrozio GN, Herrawi F, Piper BJ, Cosgrove Undisclosed financial conflicts of interest in DSM-5-TR: cross sectional analysis. BMJ. 2024 Jan 10;384:e076902. doi: 10.1136/bmj-2023-076902. PMID: 38199616; PMCID: PMC10777894. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38199616/

3 Puede comprobarse por nombre y apellido de cada profesional sanitario en las páginas web de los distintos laboratorios farmacéuticos (Janssen, Lundbeck, Rovi, Lilly, etc.).

4 El Comité Superior de Salud Belga recomienda, por estas y otras razones, dejar de usar los manuales DSM en salud mental. https://www.infocop.es/pdf/Belgica-dsm.pdf

5 Gøtzsche, P., Psicofármacos que matan y denegación organizada, Barcelona, Los libros del lince, 2020. Moncrieff, J., Hablando claro. Una introducción a los fármacos psiquiátricos, Barcelona, Herder, 2013. Aderhold, V. Y Statsny, P., Guía para utilizar los neurolépticos a dosis mínimas. Por qué y Cómo. https://amsmblog.files.wordpress.com/2017/02/guc3ada-para-utilizar-los-neurolepticos-a-dosis-minimas- aderhold-y-statsny-2015

6 Por poner un ejemplo, la esketamina (Spravato, como nombre comercial) promete acabar con la «depresión resistente» pero carece de evidencia científica demostrada o estudios de largo recorrido, entraña un alto riesgo de dependencia y cuesta al SAS por paciente lo equivalente a varios profesionales sanitarios al año. https://aen.es/webinar-escuchando-a-la-esketamina-evaluacion-y-analisis-critico/

7 El programa de salud mental de Andalucía defiende la instauración de electrochoques en todas las provincias de la comunidad.

8 https://www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/todas-noticia/la-junta-contratara-109500- estancias-para-salud-mental-de-adultos-y-adolescentes-en-dos-anos

9 Uno de muchos de los publirreportajes de El País https://elpais.com/elpais/2019/03/28/buenavida/1553792305_444337.html

10 En otras comunidades, los servicios sociosanitarios han sido colonizados por distintas empresas privadas, algunas financiadas a través de fondos buitre, pues suponen un gran beneficio económico a través de la Ley de dependencia.

11 No está de más añadir que la reciente Ley 8/2021, de apoyo a las personas con discapacidad, no solo apoya un modelo basado en las necesidades única de cada persona, sino que llama a cambiar radicalmente, adaptándose la Convención Internacional de Personas de Discapacidad del 2006, toda la mirada clínica, legislativa y social para adaptarse a los «deseos, gustos y preferencias» de cada uno.

Documento en PDF:

Posicionamiento de la Junta Directiva AAN Día de la Salud Mental 10 Oct 2024

Publicado el

COMUNICADO DE LA AAPSM SOBRE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES DE LOS/AS PSICÓLOGOS/AS CLÍNICOS/AS 

En relación con las últimas informaciones que han circulado cuestionando las competencias de los Facultativos Especialistas en Psicología Clínica relativas a la atención, evaluación y toma de decisiones terapéuticas de estos profesionales y, específicamente, sobre sus facultades para llevar a cabo ingresos y altas en los dispositivos de hospitalización de tercer nivel, la Asociación Andaluza de Profesionales de la Salud Mental (AAPSM), perteneciente a la Asociación Española de Neuropsiquiatría (AEN), en su condición de asociación multiprofesional formada por diferentes categorías de profesionales, que incluye facultativos tanto especialistas en psiquiatría como en psicología clínica, MANIFIESTA:

Con la entrada en vigor del Real Decreto 2490/1998, de 20 de noviembre, por el que se crea y regula el título oficial de Psicólogo Especialista en Psicología Clínica, se estableció, en virtud de su Disposición Adicional Tercera, “la creación del título oficial de Psicólogo Especialista en Psicología Clínica y la realización por estos titulados de diagnósticos, evaluaciones y tratamientos de carácter psicológico, se entenderá, sin perjuicio de las competencias que corresponden al médico o al especialista en psiquiatría, cuando la patología mental atendida exija la prescripción de fármacos o cuando de dicha patología se deriven procesos biológicos que requieran la intervención de los citados profesionales”.

Consecuentemente, los profesionales especializados en psicología clínica han venido desarrollando actividades de diagnóstico, evaluación y tratamiento psicológico a personas con trastornos mentales, dada su consideración de facultativos tanto en el Servicio Andaluz de Salud como en el resto de Comunidades Autónomas, tal y como dispone el citado Real Decreto 2490/1998.

La atención a la salud mental comunitaria se caracteriza por responsabilidades compartidas entre el paciente y los diferentes profesionales de Salud Mental, por lo que el Real Decreto supuso un mayor enriquecimiento en la cartera de servicios en la red de Salud Mental. Lamentablemente, y pese a las evidentes mejoras introducidas por este Real Decreto, no fue recibido de igual forma por todos los integrantes del sector, de modo que el Colegio Oficial de Médicos se opuso mediante la interposición de un recurso contencioso-administrativo, el cual fue desestimado por la Sala Tercera del Tribunal Supremo, de lo Contencioso Administrativo, mediante Sentencia de fecha 10 de octubre de 2002.

Asimismo, existen otros documentos oficiales que avalan las competencias de los Especialistas en Psicología Clínica, como el programa formativo para los Psicólogos Internos Residentes (Boletín Oficial del Estado de 17 de junio de 2009; Orden SAS/1620/2009, de 2 de junio, por la que se aprueba y publica el programa formativo de la especialidad de Psicología Clínica), o los criterios para la acreditación de las competencias profesionales del Psicólogo/a Clínico/a por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA), perteneciente a la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía. Y por supuesto, la Ley de Enjuiciamiento Civil, cuyo artículo 763, sobre los ingresos involuntarios urgentes por cuestiones de trastorno psíquico, delega dicha responsabilidad en los facultativos que atiendan a la persona, es decir, los facultativos de Salud Mental, incluyendo por tanto a los/las psicólogos/as clínicos/as y a los/las psiquiatras.

Por todo lo anteriormente expuesto, nos causa estupor que, tras más de 20 años de la mencionada Sentencia del Tribunal Supremo, lo establecido en la legislación citada, los documentos oficiales que avalan lo establecido en el Real Decreto 2490/1998 y, como no, el bagaje de trabajo compartido entre las distintas categorías responsables de la atención a la Salud Mental, se plantee en Andalucía esta cuestión completamente anacrónica.

En definitiva, la AAPSM recuerda que la toma de decisiones en Salud Mental es una responsabilidad compartida entre las personas atendidas y los profesionales, en todos los dispositivos de la red de Salud Mental, incluyendo dentro de estos profesionales la categoría de facultativos/as psicólogos/as clínicos/as y psiquiatras, sin menoscabo de la potestad de prescripción o abordaje de procesos biológicos para estos últimos, tal como el Real Decreto establece.

Andalucía, 6 de julio de 2024

Junta Directiva

Asociación Andaluza de Profesionales de Salud Mental (AAPSM-AEN)

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¿Verdad o trola?

Un paseo por el parque de las ciencias de Granada podría ser un buen plan para hacer en familia. Puedes aprender sobre astronomía, química, biología, paleontología… y desde verano de 2023, de Salud Mental. Lo que podría ser una oportunidad para acercar a los más pequeños las dificultades en materia de malestar emocional y social, se convierte en una exposición que exalta un enfoque reduccionista ideológicamente biologicista donde se hace un borrado de las violencias psiquiátricas actuales como si fueran del pasado, y además se apoyan en la industria farmacéutica como patrocinadores. 

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Se exponen afirmaciones como que las camisas de fuerza quedaron atrás, y que las medidas coercitivas de restricción física solo se usan en la actualidad en caso de agitación para el beneficio del paciente. Esta idea puede parecer próxima a los ideales que se persiguen de reducción de uso de las prácticas coercitivas, pero dada la brevedad y la severidad con la que se habla del “beneficio del paciente” podría parecer que es inusual su uso desproporcionado, algo de lo que hemos sido testigos en múltiples ocasiones. Sin ir más lejos, existe el caso de Andreas, fallecida en 2019 tras ser atada 72 horas por diagnosticada de Esquizofrenia y encontrarse “agitada”. En cualquier caso, tanto la OMS a nivel mundial, como el manifiesto de Cartagena en 2016 a nivel nacional, tienden a la contención cero dado que vulneran los derechos humanos. Porque los humanos angustiados, siguen siendo humanos. https://consaludmental.org/sala-prensa/denuncia-uso-contenciones-mecanicas/

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Tras un carrusel de afirmaciones y películas podemos asistir a una especie de juego con “verdades y trolas”. Primero leemos “trolas” que posteriormente se niegan de forma contundente y categórica, despejando cualquier ápice de duda al asistente. Entre ellas, nos hemos detenido en la siguiente: “el psiquiatra es un ser malvado que te encierra, ata y empastilla hasta que te calmas”. Un “No rotundamente” nos ayuda a entender que un médico jamás recetaría fármacos fuera de su uso indicado. Este tipo de juegos resulta un perfecto enmascaramiento de “otra realidad”, una realidad relacionada con la sobreprescripción de los psicofármacos en nuestro país. España es el tercer país que más antidepresivos consume de la unión europea en 2023, y el primero en consumo de ansiolíticos, sedantes e hipnóticos del mundo en 2021. Pero estas realidades son ajenas a nuestra exposición, por lo que continuamos en el viaje que nos ofrece esta exposición que tiene como organizador a Mentescopia, la cual es patrocinada por cuatro corporaciones farmacéuticas: Jannsen, Lundbeck, Rovi y Angelini Pharma (https://www.rtve.es/noticias/20231215/espana-tercer-puesto-ue-consumo-antidepresivos/2467436.shtml) (https://www.publico.es/sociedad/ansioliticos-espana-espana-pais-mundo-toman-tranquilizantes.html).

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En una nota de prensa publicada por el propio parque de las ciencias (https://www.parqueciencias.com/sala-de-prensa/ciencia-y-divulgacion-se-unen-para-promover-la-salud-mental-en-los-jovenes/) se nos muestra la siguiente imagen con la que pretenden introducir el concepto de “la mente”. Un debate histórico que se tumba de un plumazo en la primera frase “la mente es simplemente el resultado de la actividad cerebral”. El peligro de este tipo de afirmaciones rotundas es que ofrece una respuesta unilateral, de relación causa-efecto y centrada únicamente en una explicación biologicista, obviando toda la diversidad de estudios publicados dentro del ámbito de la salud mental.

Siguiendo la misma nota de prensa se asegura que “experimentar las sensaciones y emociones de las personas que padecen enfermedades como la esquizofrenia, el trastorno obsesivo-compulsivo o el autismo contribuye a derribar mitos y estereotipos”. Sin embargo, se olvida considerar la heterogeneidad de las vivencias de todas las personas que han sido etiquetadas bajo los citados trastornos mentales, dejando a un lado las explicaciones centradas en factores sociales y vivenciales de cada persona. No se recogen ni explican en esta exposición que la categorización de los llamados trastornos mentales ha sido ampliamente cuestionados por deficiencias tanto conceptuales como empíricas (https://www.eldiario.es/sociedad/conflictos-intereses-biblia-psiquiatria-vinculos-farmaceuticas-llevan-sobrediagnostico_1_11278047.html) (https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1001190). Profesionales cercanos a planteamientos transdiagnósticos o dimensionales, como en 2013 planteaba la sociedad británica de psicología (https://www.madinamerica.com/wp-content/uploads/2015/06/DCP-classification-of-behavior-and-experience.pdf), posterior punto de partida de modelos como el marco de poder, amenaza y significado. Tal y como sabemos que trabajan los tan cuestionados sistemas categoriales en salud mental, esta exposición te invita a cerrar los ojos ante la “evidencia” que deciden mostrar.

Tras la visita a esta exposición del Parque de las Ciencias, nos acompaña una enorme preocupación por el planteamiento de un reduccionismo extremo sobre una cuestión tan compleja como es la salud mental en nuestros días, obviando, en el mejor de los casos, las variables sociales, políticas, psicológicas… y lanzando el mensaje de que las causas y por tanto, las soluciones que se requieren, deben pasar por un abordaje desde el biologicismo.

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COMUNICADO DE LA ASOCIACIÓN ANDALUZA DE PROFESIONALES DE SALUD MENTAL 

Desde la Asociación Andaluza de Profesionales de la Salud Mental, perteneciente a la Asociación Española de Neuropsiquiatría, queremos mostrar nuestra profunda preocupación por la información difundida en varios medios de comunicación en los que se relata la situación de una persona usuaria de los servicios de salud mental de Córdoba que termina en un fatal desenlace. 

Tales informaciones, relativas a unos hechos aún bajo investigación judicial, señalan que la Fiscalía considera como única responsable a la Jefa de Servicio de una Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental del Servicio Andaluz de Salud, llevando a cabo una acusación por la vía penal.

Como sociedad científica multiprofesional, nos vemos en la obligación de informar a los medios y la opinión pública sobre los puntos básicos de la realidad asistencial de la salud mental, con el fin de facilitar una perspectiva rigurosa y apelar a la responsabilidad profesional sobre la difusión y consideración de estos contenidos.

En primer lugar, los problemas de salud mental no pueden reducirse a diagnósticos psiquiátricos. El reduccionismo que implica la consideración del malestar psíquico como un diagnóstico según las clasificaciones DSM-5 y CIE-11 implica una individualización de los problemas –obviando todos los condicionantes sociales– y los imbrica directamente en una supuesta causalidad neurobiológica –muchas veces crónica– que, como bien sabemos, no está en absoluto demostrada. 

En segundo lugar, en las informaciones vertidas, se da a entender que la persona no fue suficientemente atendida, entre otras razones, por no cursarse un ingreso en contra de su voluntad. La legislación vigente en Salud Mental en España tiene como base la atención comunitaria y multidisciplinar, respetando el principio de autonomía de las personas y su consentimiento informado, reduciendo la involuntariedad a un uso excepcional y proporcionado. La Ley de Enjuiciamiento Civil, en su artículo 763, coloca al juez como garante de derechos de la persona ante la posibilidad de que un médico psiquiatra le prive de libertad. En otras palabras, el juez autoriza el ingreso si el médico considera que debe realizarse y la persona no está en condiciones de decidirlo, en ningún caso el juez indica un ingreso hospitalario. Además, la reciente Ley conocida como de Apoyo a Personas con Discapacidad (Ley 8/2021), sitúa a la persona como garante de derechos y no como objeto de cuidados, llamando a la sociedad a respetar su «voluntad, deseos y preferencias» aun cuando existan riesgos.

En salud mental no existen factores predictivos fiables. Sin poder entrar en los detalles de los hechos que tratamos pero sí en la realidad asistencial que se vive cada día en los servicios de urgencias, podemos decir que los profesionales de la salud mental trabajamos con un alto nivel de incertidumbre en el que tenemos que aunar nuestra pericia clínica, la atención de la alarma social y el principio de no maleficencia del paciente que, salvo excepciones, debe guiarse por el respeto de sus derechos. 

Las unidades de agudos de salud mental son espacios de hospitalización breve con especial énfasis en el tratamiento farmacológico. En cada decisión clínica urgente, y más aún en un ingreso involuntario, deben sopesarse los riesgos de errores por omisión frente a los errores por comisión. Es imperativo que valoremos el riesgo de yatrogenia de una privación de libertad, antes de ingresar a personas en un hospital a pesar de sus objeciones, en comparación con el riesgo de no ingresar a personas que podrían dañarse a sí mismas o a otros. Las personas que viven y sufren los problemas de salud mental son los indicados y los verdaderos expertos en su recuperación o, dicho de otro modo, no puede haber recuperación sin el compromiso por parte de la persona y su comunidad. 

En tercer lugar, se hace especial énfasis en el papel del tratamiento farmacológico como garantía de la estabilidad clínica de la persona. La evidencia demuestra que los tratamientos psicofarmacológicos a largo plazo no resuelven los problemas de salud mental, sino que pueden llegar a cronificarlos. El alto poder económico y mediático de la industria farmacéutica, ha generalizado la idea de que para «curar» los problemas psíquicos «debe tomarse el tratamiento», creencia que no se sostiene empíricamente. Los fármacos psiquiátricos pueden ayudar en el control de los síntomas, pero ni curan ni aseguran la desaparición de los síntomas. Si eso fuera así, todas las personas que consumen fármacos serían dadas de alta de nuestro servicios y, sin embargo, esto rara vez ocurre.  

En último lugar, llama poderosamente la atención que se señala a una única persona como responsable del fatal desenlace del caso. El sistema de salud mental público es una red que se organiza para apoyar a las personas con problemas de salud mental. Personas que, a su vez, tienen su propia biografía, una familia, unos amigos, una situación laboral y económica, un grado de salud física, ciertos hábitos de vida, una situación afectiva y un determinado código postal. ¿De verdad es una única persona, con sus decisiones, por el hecho de ser psiquiatra, responsable del bienestar o malestar de otra? 

Por otro lado, los servicios de salud mental implican a la atención primaria, los servicios de urgencias, las Unidades de Salud Mental Comunitaria, Unidades de Agudos, dispositivos de Rehabilitación, ETICs y otros equipos, sin contar con la posibilidad de que las personas además consulten con la medicina privada, paralela, pero, igualmente implicada en la salud. Podría pensarse, con razón, que en el caso que nos ocupa los recursos no hayan sido los adecuados o que no haya habido los suficientes apoyos. Es de conocimiento público la notoria escasez de recursos para una correcta atención a los problemas de salud mental de nuestra comunidad y la privatización progresiva de los servicios que se está realizando pero, ¿somos los profesionales públicos los responsables de estas carencias? 

Desde nuestra asociación lamentamos profundamente cada caso de suicidio que vivimos cada día, pero no podemos hacer que esos tristes hechos nos devuelvan a una suerte de sociedad en la que la Psiquiatría persigue a cualquier persona que no quiera medicarse o no acepte el diagnóstico que le han puesto y los hechos de los que hoy tratamos nos preocupan gravemente pues nos recuerdan a los terribles tiempos en que los manicomios aseguraban la tranquilidad de una parte de la ciudadanía. 

El papel de los profesionales de la salud mental no es hacer agentes de control social sino favorecer un cambio en nuestras comunidades en el que el malestar pueda aliviarse desde la proximidad, el compromiso y el respeto por la diversidad y los derechos de las personas. Este cambio solo puede realizarse desde la responsabilidad de todas las figuras implicadas, desde sanitarios a usuarios, pasando por fiscales, servicios sociales, comunicadores, familias y jueces. La responsabilidad es de todos, nunca de una única persona.

Andalucía, 17 de noviembre de 2023

Junta Directiva

Asociación Andaluza de Profesionales de Salud Mental (AAPSM-AEN)

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PONENCIAS 12º CONGRESO

Ponemos a vuestra disposición las ponencias y documentos aportados por los ponentes de nuestro 12º Congreso, celebrado en Córdoba en Octubre de 2023. Están en los enlaces que siguen:

ANTONIO VERGARA DE CAMPOS. FADSP. Marea Blanca gaditana:

EL DERECHO A LA SALUD MENTAL CLIC AQUI

¿ES LA SALUD MENTAL UN PROBLEMA DE SALUD PUBLICA? CLIC AQUI

ISABEL NAVARRO ZURITA. Enfermera especialista de SM.

ETIC: implementación, desarrollo actual y futuro en Andalucía CLIC AQUI

EVELYN HUIZING: Enfermera espacialista SM. Programa Salud Mental Andalucia

Trabajando en red para la prevención del suicidio CLIC AQUI

JUAN CARLOS MAESTRO. Asesor técnico del Programa de S Mental y psicólogo clínico

Recuperación y apoyo mutuo: el discurso y la vivencia/ CLIC AQUI

MARIA JESUS LEIVA CABRAL. PSIQUIATRA. USMC JEREZ

ESTADO DE ALTO RIESGO Y VULNERABILIDAD EN LA PSICOSIS CLIC AQUI

EVA MARIA DIAZ DE TERAN CARO. Responsable de EESS Sectores Sociosanitarios. CCOO

CONTEXTO Y RETOS EN FAISEM DESDE UNA PERSPECTIVA PROFESIONAL CLIC AQUI

Ana Moreno Pérez. Psiquiatra. HU Príncipe de Asturias. CLIC AQUI

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La salud mental en tiempos difíciles.

La salud mental en tiempos difíciles. (1)

Mental Health in Difficult Times.

(Publicado en la Revista Norte de Salud Mental –clic aquí-

Francisco Rodríguez Pulido.

Profesor Titular de Psiquiatría ULL. Responsable del Programa de Rehabilitación Psicosocial en Trastorno Mental Grave. Dirección de área de Tenerife.

Estimadas socios y asistentes a las Jornadas de la ACN:

Buenos días a todas. Me dirijo a ustedes en calidad de Presidente de la ACN.

Gracias a todos, los ponentes por querer aportar sus ”saberes y experiencias y valores” con nosotros, gracias a todos por haber elegido estar ayer y hoy estar con las actividades de esta asociación, gracias a la junta directiva actual de la ACN, gracias a la colaboración de Ascatec, gracias al SCS, al ISSS y al Cabildo insular de Tenerife.

A los que no están, probablemente estén en otro lado e indica nuestra escasa influencia en las esferas del poder. Siempre ha sido así. Siempre hemos arrancado los avances. Un abrazo de hermandad a todos por volver a encontrarnos de nuevo. Bienvenidos.

Expresar nuestra alegría por recuperar los espacios de convivencia de manera presencial. Durante la pandemia la AEN constituyó un ”gabinete de crisis” donde la ACN participó de manera regular colaboramos en la organizamos webinarios y encuentros zoom para seguimiento de los efectos pandemia en la salud mental y el bienestar de población. Reuniones no faltaron, pero como clínicos sabemos de la relevancia de las relaciones interpersonales de una manera cercana sin estar mediatizada por aplicaciones tecnológicas. Vale para lo que valen.

Nuestra organización, y la mejora de los servicios públicos en salud mental, se han enfrentado a los mismos ”avatares”. Aunque estas XXVI Jornadas la hemos titulado ”la atención a la salud mental y las prioridades de este tiempo”. Solo deseamos manifestar y enfatizar que hemos transitado por una sindemia. Sin duda, está ha dejado una ”huella nemica” en nuestro consciente colectivo, y se ha sentido el silencioso impacto en la ciudadanía y en los servicios públicos. Abra que aumentar su musculatura. La atención a la Salud Mental ha sido reclamada por la ONU y la OMS como una prioridad mundial para los gobiernos. Otra cosa es que la coherencia alimente las decisiones.

En este tiempo se ha venido confundiendo malestares con trastorno mental, de una manera reiterada e incluso gremialista. Hoy al menos ya sabemos con más fortaleza científica, así lo recogen los últimos informes de la OMS de marzo del 2022 donde se señalan que las mujeres y los adolescentes son las personas y poblaciones más afectadas durante la pandemia con un in- cremento de la incidencia del 20% de los trastornos de ansiedad y la depresión. Mas aún en los paises y personas de bajos y medianos ingresos.

En este sentido, para ofrecer respuestas válidas, sugerimos que se recoja se focalice la atención en ”las intervenciones de promoción en materia de salud Mental destinadas a los adolescentes para que estos prosperen”, que ha diseñado y evaluado la OMS, y se incorpore a los programas de salud escolar de Canarias. También, les aseguro, que los servicios públicos de salud mental de Canarias, en estas décadas, han acumulado diferentes experiencias de cómo relacionarnos con la atención primaria. Experiencias exitosas que por falta de decision y voluntad gestora, no se han generalizado. Experiencias de colaboración con atención primaria realizadas con enfermeras especialistas en salud mental (Jinamar) y psicólogos clínicos desde la red de salud mental (Lanzarote), incluso contamos con experiencia online de comunicación y resolución de casos (USM Ofra). Colocar psicólogos clínicos en las zonas básicas de salud, dependiente de la gerencia de atención primaria, aunque sea de manera experimental, no parece que no soluciona los problemas es- tructurales de la organización de la salud mental en Canarias, que requiere de respuestas globales no parciales, y seguramente estas consultas se saturarán en un espacio de tiempo corto, al ser utilizadas como “falsas válvulas de escape”.

Los servicios públicos de salud mental tienen “historia”. Una historia que no solo los gestores suelen olvidar. Mal hacen lo que olvida las historias de las cosas. No podemos estar vistiendo algo cuando algo sigue sin traje. Unas casas por el tejado y otras a media es un tacticismo oficial, en este momento de extrema vulnerabilidad social ahora innecesario. La salud mental, estare- mos de acuerdo, no es un gesto de propaganda.

Es verdad que no ha habido ningún tiempo fácil para las personas con trastornos mentales, más aún si estos trastornos eran graves. Recuerdo que cuando era un estudiante y me acerqué a la ACN, en su interior y en el ámbito de las revistas especializadas, había profundos debates sobre cambiar “los manicomios” (si reformarlos o si debían de desaparecer) y ahí estuvo la ACN. También, cuando llegaron las trasferencias sanitarias y se elaboró y aprobó en los noventa eI Plan de Salud; y hubo profesionales de la ACN, con nuestras propuestas y acciones para conformar un modelo comunitario de salud mental.

En el siglo XX, durante los primeros años, se elaboró y aprobó el II Plan de discapacidad de Canarias, donde tambien estuvieron miembros de esta humilde organización, realizando propuestas y materializando su ejecución. De esas aportaciones surgieron, las maneras blandas y más humanitarias para atender a las personas con trastornos más graves como son los ECA. Equipos Móviles, Equipos de Empleo y su red alojativa, aún inconclusa.

Durante un periodo desértico reclamamos un cambio de ”rumbo para la salud mental” que pasaba por un plan de salud y un plan de sa- lud mental. Cerca de una década en solitario estuvimos reclamando ambos instrumentos es- tratégicos de planificación. Los amantes de las hemerotecas pueden certificarlo. Fue una época desértica. con cambios frecuentes la administra- ción, que nos recibían en sus despachos, pero sin compromiso alguno posterior.

Luego, participamos, al ser invitados a los trabajos del III Plan de Salud de Canarias, cuya vigencia fue efímera. Y durante el 2018, aunque no se nos invitó como organización científica y de profesionales, para participar en el Plan de Salud Mental, insistimos en una serie de reinvidicaciones vinculadas a su financiación, sus prioridades y seguimiento que fueron recogidas parcialmente por el informe preceptivo del CES, que presidía por aquel entonces, el actual consejero de Sanidad, hoy ausente en la inauguración de este acto.

Siempre hemos mantenido una posición de diálogo, pero no de sumisión. También la experiencia nos ha enseñado ”momentos de avances, de retro- cesos, y de incoherencias”. Necesitamos interlocutores válidos, sólidos, y que, en democracia, la opinión de nuestra asociación, orientada a la defensa de la sanidad pública, por el celo de la independencia de criterio, y en defensa de una cultura histórica acumulada de inclusión, no sea marginada de manera unilateral como ha venido ocurriendo en los últimos años, por mantener criterios diferentes. Nuestra mano siempre ha estado y estará abierta y dispuesta al análisis para una contribución significativa para bienestar de nuestra gente.

No obstante, en esta época post COVID, a nivel mundial y local, enfrentar este presente y este futuro, es frente a la tarea pendiente de abordar adecuadamente las necesidades de salud mental y la capacidad emocional de las comunidades. A menos que haya un cambio audaz, los factores socia- les remediables (pobreza, inseguridad alimentaria, vivienda inestable, infancias sin educación, abuso y maltrato), y la opresión racial, de género y eco- nómica, harán que los sistemas de salud mental con muy pocos recursos y una misión demasiado limitada, serán insuficiente para resolver problemas apremiantes, como nos dicen los recientes in- formes del Diputado del Común, Cáritas o del CIS. Esperamos que la Estrategia Nacional de Salud Mental del SNS, el Plan de Acción del Ministerio, el Plan de Salud de Canarias, y el Plan de Suicidio de. Canarias nos coloque en una mejor posición. Nunca ha habido más Planes y Estrategias que ahora.

No quisiera terminar sellando lo urgente de las acciones a cometer. No se podrán resolver los problemas sin duplicar la inversión, sin más profesionales y sin contratos estables, sin mejoras en la participación de todos los implicados, y sin una mayor autonomía del área de la salud mental dentro de la administración del área de salud mental. Mucho nos tememos que a la tortuga le costará llegar a la meta, con un sobrecoste para la equidad, la cohesión y el bienestar de la población canaria y una vez más, estar lejos de los magnos objetivos de la agenda canaria 2030.

El COVID-19 es un síntoma temprano, pero no único de lo que vendrá. El estado de la salud planetaria y cívica se vea severamente puesto a prueba por el cambio climático y la destrucción ecológica, El cambio climático, el calentamiento de la tierra, acentuará los viejos problemas, y abriera nuevos desafíos a la salud física y mental de las personas y las poblaciones. Los últimos llamamientos desesperados de la OMS así lo predicen.

Los servicios comunitarios de salud mental deberán promover los enfoques e centrados en las personas y basados en los derechos. No debemos olvidar todos los presentes que, las personas con trastornos mentales ya no son personas sujetas al derecho sino personas con derechos, que están recogidos desde hace 15 años en la Convención Internacional de los derechos de las personas con discapacidad (ONU), que es vinculante para los gobiernos que los firmaron, entre ellos nuestro país, y en la nueva ley de 8/2021 de junio por lo que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo de las personas con discapacidad.

En este sentido, es obvio que los gobiernos siempre tienen que adquirir un compromiso urgente y decidido con las demandas de sus ciudadanos y la salud mental, y deberá aumentar la visibilidad en todas las acciones políticas en esta materia, pero también los profesionales tenemos que situarnos en el lado de reflexionar como ayudamos para que las cosas cambien y para hacer efectivos con nuevas iniciativas para cumplir estos derechos en los propios servicios. Por ejemplo ¿cómo garantizará el servicio que las personas: “sean capaces de tomar decisiones y elecciones informadas entre diferentes opciones para su tratamiento y atención”? o preguntarnos ¿cómo estarán representadas las personas con experiencia vivida en la toma de decisiones de alto nivel en su servicio? Y así nos podríamos realizar más y más preguntas como ayer muy acertadamente realizó el compañero Antonio Escudero en unos de nuestros seminarios.

Como reconoció la revista Lancet recientemente debemos reinventar los servicios de salud mental, pero no ocurrencias, eso sí, dentro de la cultura y la historial de los servicios públicos de salud mental de Canarias, para seguir contribuyendo al cuidado más cercano, más integral, participativo y con valores, que será el único capaz de ofrecer un mayor bienestar a las personas de manera inclusiva.

Ahora es la oportunidad, ahora es el momento, antes de la recesión económica que vendrá. Hacer para asegurar que el bienestar emocional y mental de la humanidad sea una expectativa común de la gobernanza global. Por ello nosotros desde la modestia de la ACN hemos planteado unas mínimas exigencias a la Consejería de sanidad para mejorar los cuidados de nuestra gente en materia salud mental y elaborado el documento 5 sobre la situación de la salud mental en tiempos difíciles, que podrán encontrar en la página web de la ACN (ascane.org). Ahora hay que seguir avanzando, como dice la OMS (2021) del concepto a la buena práctica en los Servicios de Salud Mental Comunitarios y Públicos. Por ello la ACN exige a las autoridades sanitarias y a las fuerzas políticas los siguientes compromisos de manera urgente:

1. Creación de una Dirección General de Salud mental con presupuestos y gestión propias.

2.Convocar la Comisión Asesora Regional de Salud Mental tal como establece la normativa vigente.

3. Publicación por parte del SCS de los Informes de evaluación del Plan de Salud Mental de Canarias (PSMC 2019-2023) del 2019 hasta 2023, tal como se recogía en el citado plan. Así mismo, se convoque comisión de evaluación abierta a los profesionales, familiares y usuarios de manera independiente. Reclamamos que se nos diga después de casi cuatros años de vigencia del PSMC que va a ocurrir a partir del próximo año cuál es el compromiso de las fuerzas políticas.

• Recibido: 17/06/2022. • Aceptado: 05/07/2022.

4. Mejorar las infraestructuras y dotación de profesionales de la atención especializada de salud mental, con más psiquiatras, más psicólogos clínicos, triplicando las cifras de enfermeras especialista y quintuplicando los trabajadores sociales.

5. Fortalecimiento de las líneas de trabajo transversales, con educación (programas de educación emocional en la adolescencia y la violencia y maltrato en los menores), apoyo psicosocial a las mujeres que han sufrido violencia de género y a los parados de larga duración, así como, a la inmigración y las personas mayores que viven solas. Igual concretar una línea efectiva de prevención del suicidio que no pasa solo por medidas sanitarias.

6. Desarrollar y completar la red de atención infanto-juvenil y para los trastornos menta- les graves, y las infraestructuras de urgencias para la atención en salud mental.

7. Desarrollar programas específicos de atención a la salud mental en el ámbito laboral.

8. Colaborar con la administración de justicia para el desarrollo de la ley 8/2021 de junio por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo de las personas con discapa- cidad en la búsqueda de formas alternativas que no sea la incapacitación.

9. Fortalecimiento de la atención primaria con ma- yor dotación de personal, más competencias, y cambio de estilo de trabajo para recuperación del trabajo comunitario y preventivo. Modelo colaborativo en la relación salud mental y aten- ción primaria. No al modelo sustitutivo.

10. Desarrollo de la ley de dependencia en el marco de la autonomía personal más que en su desarrollo de la dependencia.

Canarias, 16 Junio 2022.

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1 Palabras del Dr. Francisco Rodríguez Pulido, en la inauguración de las XXVI Jornadas ACN, 16 de Junio, con el título “La atención a la Salud Mental y las prioridades de este tiempo”. Tenerife 16-17 de Junio de 2022.